Ningún decreto, fórmula o modelo que no sea labrado mediante el acuerdo en alguno de los tantos temas de la vida nacional podrá ser fructífero.
Más que una declaración de intenciones o un anuncio de propaganda, debe ser una cultura del buen gobierno y de la convivencia civilizada.
El país tardó en descubrir que no siempre lo que nos dijeron se había aplicado con la profundidad requerida. Que ese largo diálogo y los supuestos acuerdos no consideraban el proceso turbulento que se incubaba en silencio y que estalló en los sucesos violentos de octubre.
Es verdad que al gobierno le asistían los argumentos técnicos que aconsejaban que se debía liberar los precios de los combustibles, era algo urgente. Pero es verdad también que faltó una explicación y no existieron los mecanismos técnicos para romper el prurito atávico sobre los subsidios como un mecanismo natural de compensación del Estado.
El Gobierno no se dio cuenta del inmenso descontento que la elevación de los precios de los combustibles acarreaba. Es claro que las favorecidas con el subsidio no son las clases populares, más bien las medias y pudientes son las que más provecho obtienen. Y es cierto que el contrabando y su siniestro juego y su red de corrupción suman millonarias ganancias mal habidas.
Luego de la derogatoria del decreto 883 jamás llegó el decreto sustituti-vo. Parece que no son viables alternativas de subsidios focalizados, que serían lo óptimo y se aplican sin problemas en otras latitudes.
La falta de una táctica adecuada para conseguir los votos en la Legislatura volvió a desnudar la ceguera política con el proyecto urgente en materia económica que terminó archivado. Apenas entonces el Gobierno descubre que se debe dialogar con todos los sectores y lograr acuerdos. Así proceden ahora los ministros de Gobierno y Economía y el propio Presidente para buscar la aprobación del nuevo proyecto.
La pedagogía democrática nos vuelve a dar otra lección. El consenso es el único camino, incluso cuando hay bonanza y alto capital político.