Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Entrevista a Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil
¿Qué lectura tiene del retraso de las reformas económicas que se ofreció enviar a la Asamblea?
Evidencia la falta de decisión del Gobierno. Si el Ejecutivo fuera más decidido, los cambios se habrían hecho cuando se empezó a hablar de ellos, que fue a inicios de año. El sector productivo necesita decisiones.
¿Qué papel está jugando el sector empresarial para empujar esas reformas?
Un rol propositivo. En junio pasado entregamos 40 planteamientos de reformas laborales como contratos a plazo fijo y que exista una racionalización en el costo de desvinculación, ya que hoy una persona que labora tres meses o tres años recibe igual tres sueldos. Al Ministro de Producción anterior y al nuevo les entregamos una hoja de ruta para fortalecer al comercio, incluida la eliminación de reglamentos técnicos del Inen (que llamamos “Inen-ficientes”). Al Ministro de Economía le propusimos dos temas. Primero, la necesidad de la eliminación del anticipo a la renta y, segundo, eliminar aranceles para tres sectores: tecnología (celulares, tabletas, etc.), construcción y agrícola. Con eso, se abarata la economía.
¿Y el ISD?
Finanzas nos ha dicho que en la ley tributaria se pondrá la forma de desgravarlo. Actualmente, eso está en el aire.
¿Qué acogida tendrán las propuestas?
En principio, la eliminación del anticipo a la renta podría ser bien acogida, una parte de la propuesta de eliminar los aranceles se tomaría en consideración. En lo laboral, el Ministro nos ha dicho que está de acuerdo con un 60% de las propuestas. Sobre los reglamentos técnicos para importación, hemos dicho que 150 deberían eliminarse y otros 150 homologarse a la certificación internacional.
¿Cuál es el sacrifico fiscal de esas medidas?
Por anticipo, USD 380 millones; por aranceles, 50 millones; y por reglamentos técnicos, menos de 5 millones. Eso, de un presupuesto de USD
25 000 millones, es poco.
¿Eso cómo se compensa? ¿Qué propuestas han hecho para subir los ingresos sabiendo que hay un proceso de ajuste al gasto?
Hemos propuesto bajar las compras públicas que, a nivel porcentual, son las más altas de la región; bajar el gasto en burocracia, que es excesivo, y eliminar las empresas públicas ineficientes. Lo que hemos propuesto es que dejen de ver el bolsillo del sector privado como que fuera una hamburguesa, un alimento a ser devorado y que empiecen a ver cómo, casa adentro, eliminan el despilfarro, que hoy sigue.
Pero, ¿cuál es la corresponsabilidad del sector privado? ¿No es un esfuerzo de todos?
El sector productivo lleva más de una década de sacrificios. Nosotros y las familias ecuatorianas generamos más de USD 15 000 millones en impuestos. Lo que queda es que el Gobierno deje la tarima permanente y se enfoque en ser lo que es: un gobierno de transición que debe arreglar la economía, pero no desbaratando la economía privada. Al final del día, el sector productivo carga una mochila muy pesada, la del despilfarro del sector público, una mochila llena de aranceles, trabas, impuestos. Esa carga debe ser aliviada.
En una negociación se debe estar dispuesto a ceder, ¿en qué cederán?
Pensamos que se deben eliminar muchos aranceles, pero hemos dicho que los eliminemos en tres sectores. Creemos que no se puede hacer todo de una vez. En la eliminación de reglamentos técnicos también hemos dicho que eliminemos algunos. Ha habido apertura para el diálogo y los acuerdos.
Pero eso pone el tema en la cancha solo del Gobierno. ¿La industria en qué está dispuesta a ceder?
El sector productivo ya aporta con impuestos, con nueve de cada 10 empleos y con alianzas público-privadas, esa fue una propuesta del sector privado. Pero de ninguna otra manera podríamos aportar, porque es prolongar la crisis. Eso no le conviene a nadie.
De por medio está la carta con el Fondo Monetario, que prevé un aumento de ingresos de USD 1 500 millones. ¿Cómo cumplir ese objetivo entonces?
El problema es que no se han cumplido las metas de reducir el gasto. El Estado tiene ingresos permanentes por impuestos de USD 15 000 millones y el Estado, gastos de 25 000 millones. Mientras el Gobierno no decida afrontar el costo político de bajar ese gasto, no habrá ingreso que alcance.
Para que sean sostenibles, las reformas debían salir de un diálogo nacional. ¿Ya terminó ese diálogo? ¿Qué resultados dejó?
Como gremio hemos mantenido un diálogo permanente con Carteras de nuestro interés. Ese diálogo existe.
¿Cuáles son los puntos de discordia entonces?
El conflicto de visión es que, para nosotros, si bajan los impuestos se dinamiza la economía, pero ellos no piensan eso. Luego está el sentido de urgencia, tenemos dos años de retraso y aún no se hacen los cambios necesarios.
Sin acuerdo sobre eso, ¿cómo se espera un acuerdo en la Asamblea?
Esa es una tarea del Gobierno. Desde nuestra parte, la tarea es hacer propuestas.
Ustedes han tenido varios representantes en el Gobierno (Finanzas, Comercio, Producción) y en la Asamblea. ¿Por qué sus propuestas no han podido llegar a concretarse?
Ese es un enigma, habría que preguntarles a ellos.