Un grupo de efectivos de la Policía Nacional custodia los exteriores de la Fiscalía del Guayas, en Guayaquil. Foto: Jorge González / EL COMERCIO
En la Fiscalía del Guayas se realizó la primera diligencia de la investigación previa que se abrió contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo; y el secretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda.
El abogado Pedro Granja acudió la mañana de este martes 20 de agosto del 2019 al edificio La Merced, en el centro de Guayaquil, para el reconocimiento de su firma y rendir la versión de la denuncia que presentó contra ambos secretarios de Estado por el presunto uso indebido de un avión de la Policía Nacional.
La diligencia se realizó con resguardo policial en los exteriores de la Fiscalía y la presencia del frente de abogados del Guayas.
La Fiscalía General delegó a la fiscal provincial de Guayas, Yanina Villagómez, para la diligencia. Es ocurrió porque Romo y Granda tienen fuero de Corte Nacional, explicó Juan Vizueta, abogado del denunciante.
A la salida de la oficina fiscal, dijo que Granja se ratificó en su denuncia por el supuesto delito de peculado al haber usado un avión policial, ya que no correspondía a las actividades personales que cumplieron el 3 de marzo pasado. Ese día se trasladaron de Salinas a Esmeraldas y no cumplían funciones de la Secretaría Anticorrupción ni del Ministerio de Gobierno, añadió.
En la diligencia también se entregaron las bitácoras de los vuelos del avión donde se detalla el traslado de la Ministra Romo Guayaquil-Salinas-Esmeraldas el 3 de marzo; y audios de entrevistas de los funcionarios.
Vizueta dijo que debe existir imparcialidad de la Fiscalía para investigar la denuncia como contra cualquier ciudadano. “No pueden estar exentos de una investigación y peor que se sienta desconfianza en la falta de imparcialidad en esta investigación”. Pero señaló que genera dudas que “la fiscal Diana Salazar haya puesto ‘me gusta’ en los mensajes que han publicado ambos funcionarios” en las redes sociales sobre este tema.
Ambos secretarios de Estado han admitido el uso de la aeronave para un viaje entre Salinas y el Club Casablanca, en Atacames, Esmeraldas, por motivos de seguridad.