La moratoria para realizar concesiones de minería metálica a gran escala está por terminar en el país, lo cual abrirá una nueva oportunidad para desarrollar de forma responsable un sector donde las autoridades de control tienen poca experiencia.
En una constatación de que la economía del país seguiría dependiendo de los recursos naturales no renovables, el gobierno anterior dio paso a la minería a gran escala sin acuerdos con las comunidades. Eso generó una etapa de conflictividad, caracterizada por reparos ambientales.
El actual régimen suspendió la entrega de concesiones mineras en diciembre del 2017, mientras buscaba acuerdos con los dirigentes indígenas y representantes de las comunidades afectadas. Asimismo, necesitaba ordenar el sector a través de un nuevo catastro minero, el cual prevé tener listo durante el primer semestre del próximo año.
El Gobierno tiene varios motivos para sacar adelante nuevas concesiones de minería metálica a gran escala. Por un lado, está necesitado de recursos fiscales y la minería le aporta liquidez a través de regalías e impuestos. Por otro, requiere de sectores dinámicos que puedan crear nuevas plazas de trabajos formales, ya que el mercado laboral se encuentra estancado.
Habría que sumar la necesidad de formalizar un sector amenazado por grupos ilegales que se han tomado por asalto varias zonas mineras del país, como ocurrió en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, o El Cielito y Monte Olivo, en Carchi, donde hubo fallecidos y casos de abuso laboral y explotación sexual.
El Gobierno está decidido a impulsar la minería a gran escala porque, además, hay mucha inversión comprometida. Solo en el proyecto Mirador, que hace una semana comenzó su fase de explotación a prueba, se ha inyectado USD 1 248 millones.
Pero el Régimen no solo deberá garantizar que el impacto ambiental sea el mínimo posible, sino asegurar a los inversionistas que hay seguridad jurídica en el país. Los anuncios de consultas antimineras en varias zonas pueden complicar al sector.