El Gobierno no logra encontrar la fórmula y mucho menos tener la decisión política de hacer algo para producir el capítulo final de la interminable telenovela de las empresas públicas. En la Asamblea Nacional tampoco hay interés por este tema: desde hace un par de años en el Legislativo se intenta reformar la Ley de Empresas Públicas, pero no pasa nada. Esporádicamente se reúnen en la respectiva comisión para tratar el tema -esta semana por ejemplo-, pero tampoco genera interés. No da votos; la política es primero.
Si se reformara la ley se podría esperar que existan balances auditados por firmas especializadas; eso daría paso a determinar con más precisión cómo se manejaron los recursos de todos los ecuatorianos. Además, esas reformas permitirían desarrollar procesos técnicos y calificados para designar a gerentes y escoger a miembros de directorios, así como tener prácticas de gobiernos corporativos en estas empresas. Uno de los valores que más se promueve mediante los gobiernos corporativos se refiere a la transparencia, algo que desapareció durante la administración correísta.
Desde la Contraloría se anunciaron exámenes especiales para determinar responsabilidades por la pésima administración, durante la década pasada, pero todavía no se han divulgado informes definitivos con indicios de responsabilidad penal.
La intención de aplicar un plan de perfeccionamiento (que incluía opciones de venta, fusiones, reestructuraciones y hasta cierres), la anunció el Gobierno en el 2017. La intención era hacer algo con las 22 empresas que le han traído muchos dolores de cabeza al Régimen, pero eso no ha pasado de buenas intenciones. Incluso se designan a nuevas autoridades. Yachay, Tame, Ferrocarriles, Correos, siguen allí.
Con los compromisos asumidos con el FMI, al parecer se quiere incorporar al sector privado en las empresas públicas a través de concesiones. Un primer paso se quiere concretar con CNT. Pero primero hay que poner la casa en orden y eso demanda tiempo y recursos.