La Contraloría General entregó los resultados provisionales del examen especial a las fases precontractual, contractual y ejecución del contrato 001.SECRETO, suscrito entre la UAFE y una firma internacional de abogados. Foto Archivo/ EL COMERCIO
La Contraloría General entregó este lunes 17 de junio del 2019 los resultados provisionales del examen especial a las fases precontractual, contractual y ejecución del contrato 001.SECRETO, suscrito el 19 de mayo de 2017, entre la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) y una firma internacional de abogados.
La entidad de control halló anomalías en las fases previas a la contratación, así como en su ejecución. El objeto del contrato era “prestar los servicios de asesoría y patrocinio jurídico internacional, respecto de aquellos asuntos que trasciendan fronteras nacionales que pudieran ser relevantes para la UAFE”. Además, la firma extranjera debía investigar la denuncia sobre una fuga de información que recibió la UAFE de las unidades de Inteligencia Financiera de EE.UU. y Uruguay y que fue divulgada en Twitter.
Según los auditores, entre las anomalías consta que la Dirección de Asesoría Jurídica de la UAFE no publicó la convocatoria para la contratación de asesoría y patrocinio jurídico internacional en el portal de compras públicas, “afectando la transparencia y el acceso a la información del proceso”.
Los auditores encontraron que faltan documentos que certifiquen cómo se hizo la evaluación con la que se adjudicó el contrato de tres años por USD 1 millón.
Además, “no se justificó adecuadamente la declaratoria del proceso de contratación como secreto. Tampoco se contó con sustentos que demuestren que la divulgación de la información del contrato podía dañar a la entidad o a sus funcionarios”.
Finalmente, la Contraloría indicó que la UAFE pagó USD 365 422 por los trabajos realizados entre mayo a agosto de 2017, sin contar con informes, reportes de horas de trabajo, solicitudes de la UAFE de los trabajos facturados, ni los respaldos de las actividades realizadas, conforme se había establecido en el contrato.
La UAFE es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.
La máxima autoridad de dicho organismo es el Director General, designado por el Presidente de la República, según reza en la Ley de Prevención de Lavado de Activos, aprobada en 2016 durante el régimen de Rafael Correa, quien estuvo en el Gobierno entre el 15 de enero del 2007 y el 24 de mayo del 2017.