El edificio de Unasur, el pasado jueves 14 de marzo de 2019, seguía sin mayor actividad. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
La salida de Ecuador de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) tomará medio año. Ese es el plazo que está contemplado en el Tratado Constitutivo de este bloque regional, que fue suscrito por el país y que está vigente desde el 11 de marzo del 2011.
“La denuncia surtirá efectos una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Depositario”, indica el texto.
La decisión de dejar este organismo fue comunicada, el lunes pasado, por la Cancillería a Bolivia, país que ejerce la presidencia pro-témpore de este bloque.
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla (exAP), sostuvo que esa decisión requiere, además, la aprobación de la mayoría absoluta (70 votos) del Parlamento ecuatoriano.
Bonilla, para ello, invocó el artículo 419 de la Constitución relacionado con la ratificación o denuncia de los tratados internacionales.
De acuerdo con el Tratado Constitutivo, la notificación de la denuncia no exime al Estado de la obligación de pago de las contribuciones ordinarias que tuviere pendientes.
De acuerdo con el presupuesto del año pasado de este organismo regional, al Ecuador le correspondía un aporte de USD 336 669.
El rubro se calcula en función de la extensión territorial de un país, siendo Brasil el que debía hacer un aporte del 39% de los recursos de Unasur, pero hace un año suspendió su participación junto a otros cinco países.
En tanto, la Cancillería todavía no aclara la suerte que tendrán las visas Unasur, que se concedían a los países miembros de este bloque.