Por pedido de la defensa, el Tribunal de Garantías Penales difirió la audiencia de juzgamiento en contra Iván Espinel y otros tres procesados, por el presunto delito de lavado de activos. Foto: API
La audiencia de juzgamiento por el supuesto delito de lavado de activos en contra de Iván Espinel y otros tres procesados se difirió.
La jornada se instaló a las 08:43 de este miércoles 20 de febrero del 2019, pero minutos después los jueces que conforman el Tribunal Penal de Durán (Guayas) resolvieron diferirla luego de que la defensa del exministro de Inclusión Social presentara esa petición por afectaciones en la salud de Vanessa Zavala, su abogada.
César García, parte del equipo de defensa de los procesados, mostró durante la corta audiencia un certificado médico validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para que se acogiera el pedido.
Sin embargo, la fiscal acusadora, Ivonne Proaño, se opuso al considerar que en este caso han habido “muchas dilaciones” y criticó que se pretenda atrasar 15 días más el proceso, que es el tiempo de descanso médico de la abogada.
Proaño pidió que Espinel acceda a la Defensoría Pública gratuita para evitar así el diferimiento. Sin embargo, el Tribunal acogió el pedido de la defensa de Espinel.
Uno de los tres jueces aseguró que en los próximos días se notificará la nueva fecha de la audiencia, pero advirtió que en la siguiente jornada, si no acude alguno de los defensores de los procesados, accederán a la Defensoría Pública.
García, al término de la audiencia, rechazó la postura de Fiscalía y dijo que Espinel tiene derecho a una defensa técnica, adecuada y en perfectas condiciones.
También recordó que al expresidenciable se lo acusa de haber lavado USD 700 000 a través del delito de peculado. “Pero en el delito de peculado solo fue acusado por USD 5 900“.
García había solicitado ayer, martes 19 de febrero de 2019, que las audiencias en el caso por lavado de activos que iniciaron este miércoles sean públicas. Esto luego de que se pidiera revisar la resolución del Tribunal de Garantías Penales del Guayas que declaró inocente a Espinel por el presunto delito de peculado.
El exfuncionario estaba acusado de realizar contratos de prestación de servicios entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y clínicas privadas por un monto de USD 123 852.
El lunes 18 de febrero, la Secretaría de Anticorrupción de la Presidencia de la República, pidió investigar a los jueces que lo absolvieron.
La defensa del exministro de Inclusión Económica y Social adelantó que debido a la “injerencia” del Consejo de la Judicatura y a las declaraciones de los funcionarios en el proceso previo era “probable que lo declaren culpable”.
El exministro cumple prisión preventiva y afronta otro proceso por supuesto enriquecimiento ilícito.