El execrable crimen cometido en Ibarra ha dado lugar a duros reproches a la Policía Nacional, a título de que los uniformados presenciaron el asesinato y no actuaron conforme a sus obligaciones legales e institucionales. Altos funcionarios del gobierno destacaron la facultad de los policías de utilizar sus armas de fuego si las circunstancias así lo requieren, así como el uso progresivo de la fuerza obliga y ampara a los policías en el cumplimiento de su deber.
La realidad, sin embargo, es diferente. En un Editorial de este Diario de días anteriores se preguntó, con sobra de razón, cuál habría sido la reacción de esas mismas autoridades y de la ciudadanía si en el caso de Ibarra se habría eliminado al asesino o eventualmente herido o muerto a la propia víctima, por utilizar armas de fuego. La verdad es que la Policía sufrió un golpe devastador con los acontecimientos del 30-S. La reacción violenta y vengativa del entonces Jefe de Estado, llegó, con su aparato de propaganda, a crear un supuesto intento de magnicidio y sometió a la institución policial a una situación que no ha podido superar. De manera que los acontecimientos de Ibarra deben dar lugar a una profunda reflexión de las autoridades respecto de la situación de la Policía, de las normas legales que rigen la actuación de sus miembros y, especialmente, de cómo éstas se aplican en la práctica. Los discursos ocultan la situación de más de 30 policías enjuiciados y encarcelados por supuestos excesos en la represión a la ola de asaltos y asesinatos que tienen atemorizada a la ciudadanía.
En cuanto a la Judicatura -el órgano de gobierno de los jueces que sirvió al correato para ordenar enjuiciamientos y sentencias contra sus opositores- la designación de la Dra. María Maldonado como presidenta de ese organismo, crea muy serias dudas sobre los procesos de juzgamiento y sanción a quienes en el gobierno de la década perdida usufructuaron y se enriquecieron con el dinero del Estado, a través de coimas y sobreprecios. La estrecha vinculación de la Dra. Maldonado con el correato, tanto como jueza de la Corte Constitucional, que desechó la demanda de inconstitucionalidad de la “ley mordaza” con la que Correa pretendió maniatar a los medios de comunicación que le estorbaban en sus propósitos de concentración de poder, como en calidad de asesora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entre 2010 y 2012, generan desconfianza sobre su desempeño. Su presidencia del Consejo de la Judicatura parece incompatible con la reiterada “cirugía mayor contra la corrupción”. Revela, así mismo, los vínculos e intereses de la Corte Nacional de Justicia al designarla para el Consejo de la Judicatura, sabiendo que, de acuerdo con la ley, le corresponderá presidir ese órgano. Ya ocurrió lo mismo en el pasado, cuando la Corte Nacional designó al secretario de Correa para esa misma función.