Los integrantes de la veeduría, sobre el mandato de la Consulta popular, consideraron que la supuesta falsificación de firmas ha perjudicado a decenas de postulantes al Consejo de Participación Ciudadana. Foto: EL COMERCIO
Reabrir la investigación sobre las supuestas afiliaciones que realizaron partidos y movimientos en el 2012 por la presunta falsificación de firmas. Esa es una de las recomendaciones de la Veeduría Mandato Popular Consulta y Referéndum que vela por el cumplimiento del proceso que se desarrolló en febrero de este 2018.
La tarde de este viernes, 16 de noviembre del 2018, se presentó en Guayaquil un informe respecto al proceso de postulación de los consejeros definitivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Marlon Cabrera y César Cárdenas, subcoordinador y secretario de la Veeduría, respectivamente, encabezaron la jornada. Según el grupo, la presumible falsificación de firmas ha perjudicado a decenas de postulantes al organismo de control porque uno de los requisitos ha sido no pertenecer a organizaciones políticas.
Según Cabrera, ese es uno de los problemas que se halló en la auditoría, además de una “serie de inconsistencias, irregularidades, violaciones al debido proceso, la seguridad jurídica y los derechos de participación de los ciudadanos”.
Entre los problemas, explicó que el sistema de postulación en línea no fue amigable y se caía cada diez minutos. Además, cree que los criterios de exclusión de varios postulantes son ‘interpretaciones’ subjetivas de los miembros de la comisión verificadora que no tienen sustento documental.
“La revisión de las impugnaciones presentadas por las y los postulantes inadmitidos se está realizando sin audiencias públicas y sin la presencia de los interesados”, manifestó.
El próximo 21 de noviembre se presentará la lista definitiva de postulantes al Cpccs. En ese marco, el CNE transitorio aprobó a 28 postulantes que cumplieron los requisitos.
El Pleno del organismo electoral aprobó el informe de la Comisión Calificadora, que revisó los expedientes de los 198 inscritos que participaron en el proceso.
Entre los principales requisitos que se definió en el instructivo consta la probidad notoria en el manejo de recursos públicos, haber participado en iniciativas sociales o de lucha contra la corrupción y contar con título de tercer nivel.