En horas de la mañana, circuló la versión sin editar que el Grupo de Trabajo preparó dentro del Segundo Examen Periódico Universal al que Ecuador se sometió esta semana en Ginebra Suiza.
El documento, que fue sistematizado por la Troika conformada por Suiza, Congo y Cuba, recoge 67 recomendaciones finales. De ellas, el Gobierno aceptó 64 y rechazó tres. Adicionalmente, el régimen planteó cinco compromisos adicionales para mejorar la situación de los DD.HH.
De todas estas conclusiones, siete tienen que ver con la libertad de expresión frente a las cuáles el Régimen se comprometió cumplir. Dos fueron rechazadas.
En síntesis, el Grupo de Trabajo planteó:
1.- Que se continúen los esfuerzos por garantizar el derecho a una comunicación libre, intercultural y diversa.
2.- Promover y aprobar leyes que garanticen el ejercicio de una comunicación apegada a los estándares internacionales, dejando fueran de las leyes penales los delitos de difamación y desacato.
3.- Crear ambientes legales apropiados para que las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas en libre ejercicio realicen su trabajo sin las presiones de leyes que podrían penalizarlas, incluso de parte de las autoridades del Ecuador.
4.- También se pide proteger a los periodistas del acoso y los ataques de los que podrían ser objeto, garantizando bajo toda circunstancia el derecho a la libertad de expresión y a que sus denuncias de acoso sean investigadas por instancias independientes.
5.- Proteger y promover el derecho a la libertad de expresión de grupos sociales y no gubernamentales, evitando que contra ellos se dicten cargos por terrorismo y sabotaje.
En ese sentido se plantea un dialogo directo entre el Gobierno, las ONG y los medios de comunicación para mejorar este ambiente, en función del mandato 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se le pide al Régimen que sus decretos de regularización de las ONG no afecten a aquellas que defienden los derechos humanos o que podrían vulnerar su derecho a la libre expresión.
Estas recomendaciones fueron asumidas por el Gobierno la tarde y noche del miércoles, sin embargo hubo dos las que se rechazaron.
1.- El Gobierno considera que ajustar la legislación en materia de libertad de expresión, conforme con lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede aceptarse, puesto que el Pacto de San José sobre este tema le da preminencia a las decisiones de la Corte Interamericana de DD.HH., porque “es esta la que tiene las competencias judiciales sobre esta materia y no la CIDH.
2.- También, argumentan que las invitaciones a los relatores de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU nunca han sido negadas; además, el gobierno deja en claro que no existen en el Ecuador leyes que criminalicen la opinión, por lo tanto esta sugerencia, realizada por EE.UU. no fue aceptada.