¿Cómo armar una consulta popular para relegitimarse políticamente y quedar prisionero de ella? Un caso digno de estudio cuyos principales expositores debieran ser los responsables de la conducción política. Y si se hila más fino, la pregunta debiera ser: ¿cómo fabricar una consulta basada en las encuestas, para luego constatar que solo el 57 por ciento de encuestados, según cifras de la empresa contratada por el Gobierno, la apoya?
No hay dudas de que el escenario cambió dramáticamente en los últimos días. Por ahora, las voces más determinantes provienen de quienes reclaman al presidente Rafael Correa que se mantenga fiel al proyecto político moldeado en Montecristi. Pero el Gobierno no puede descartar que la percepción sobre la consulta se vuelva menos favorable conforme se debatan las preguntas, una por una.
Por eso quizás se explica el deseo de acortar el tiempo de la convocatoria, que antes era visto como el tiempo para una cómoda campaña que debía terminar en un amplio triunfo, en función de lo que había venido sucediendo.
Pese a que aún no se han aprobado las preguntas y no se han definido las reglas de propaganda, el Gobierno se siente forzado a lanzarse a una campaña abierta con su movimiento. Pero le será difícil explicar por qué no ha logrado que el sistema judicial funcione, cuando ha contado con todas las herramientas, y por qué se le ha de creer que funcionará de aquí en adelante. Asimismo, va a ser complicado argumentar qué relación guardan con ese tema urgente y coyuntural las otras preguntas ideadas para afectar a los que se considera enemigos o para distraer.
En estas circunstancias, al Gobierno no le queda otro camino que apelar al voto positivo como un apoyo a la gestión presidencial. Pero más de un estratega estará preguntándose ¿por qué no optaron por usar el pedido de revocatoria, que era una vía menos tortuosa de legitimación?