Bajo la premisa de que un empresario, en cualquier país, siempre querrá vender más y gastar menos, en el camino siempre se argumentará la ausencia de políticas e incentivos para lograr la meta de tener más ganancias.
En el caso del Ecuador, durante el Gobierno anterior fue evidente el distanciamiento del sector productivo y el rol de ser el motor del desarrollo económico lo tomó el Estado. Eso, a pesar de que se aprobaron leyes como el Código de la Producción y la Ley de Alianzas Público-Privadas. Estas iniciativas no arrojaron los resultados esperados, aunque muchos se frotaron las manos gracias a sus contratos en proyectos de obra pública.
Con la actual administración, en la que reiteradamente se ha insistido en dar más atención al sector privado y se han aprobado normas como la Ley de Fomento Productivo y, hace unos meses, con el pronunciamiento en la consulta popular, se echó abajo la Ley de Plusvalía, tampoco se logra motivar a que fluyan más y nuevas inversiones. Si bien cualquier decisión de estas implica tiempo, no se nota mucho entusiasmo, salvo pocas excepciones que sí las hay.
En las últimas semanas se han multiplicado los foros y reuniones en donde las autoridades económicas reiteran, y hasta resulta conmovedor, el llamado a invertir en el país.
Sin embargo, siempre faltará algo que no deja satisfecho al empresario y en los pasillos de esas reuniones las quejas son múltiples: falta de acuerdo con el principal socio comercial, inseguridad jurídica, denuncia de los tratados bilaterales de inversión, limitaciones de competitividad, ausencia de un plan económico, lentitud en los ajustes al gasto público, rigidez del mercado laboral, parsimonia en la entrega de permisos y licencias…, y la lista continúa.
Por naturaleza un emprendedor sabe que lanzarse al mercado es un riesgo y la incertidumbre siempre estará presente en el desarrollo de sus negocios. No obstante, en las actuales condiciones del país es más factible esperar un ‘riesgo controlado’. Esperemos que llegue la inversión con mucha fortaleza.