El bloque parlamentario de Alianza País respondió a través de una rueda de prensa, lo actuado por el Presidente del Consejo de la Judicatura.
La vicepresidenta de la Legislatura, Irina Cabezas calificó de burla al país, la suspensión de los dos jueces del Tribunal II de Garantías Penales, así como de haber dejado sin efecto el nombramiento de Xavier Andrade como juez ad-hoc. “No a la impunidad”, repetían la legisladores insistiendo en la validez de la sentencia contra Rolando Tapia y los cinco uniformados de la escolta.
A través de un comunicado recordaron que Renato Vásquez, presidente del Tribunal II, mediante una providencia nombró como juez ad hoc a Andrade. Dicen que los abogados de la defensa siempre supieron de la integración de todos y cada uno de los miembros del Tribunal y jamás impugnaron. Lo hacen “solo después de conocer la sentencia condenatoria y en una muestra de clara interferencia”. En ese sentido, A. País cuestionó la forma en la que actúa la Judicatura.
La hermana del acusado Marco Tibán, la asambleísta Lourdes Tibán, cree que no puede ser legal un fallo de un tribunal que no fue integrado bajo las normas y reglamentos correspondientes. “Un juez no puede ser cualquier ciudadano nombrado por el Presidente del Tribunal”, aseguró.
La legisladora dijo haber asistido, junto con el abogado Carlos Poveda, ayer al Tribunal II donde constató que no había nadie trabajando, de manera deliberada para no recibir la notificación de la suspensión. Ella esperará que toda la audiencia sea anulada.