Familiares de uno de los acusados de tortura contra cuatro menores de edad se apostaron en los exteriores de la Unidad Penal Norte 2 de Guayaquil con pancartas. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
La audiencia de juzgamiento contra Eduardo B. S. y Máximo M. M. se reinstaló a las 14:00 de este miércoles 12 de septiembre de 2018 en la Unidad Penal Norte 2 de Guayaquil. Los maestros son procesados por tortura contra cuatro niños de 7 años de edad. El delito habría ocurrido en los baños de una escuela pública del norte de la ciudad.
Sin embargo, después de tres horas la diligencia se suspendió. Los jueces retomarán el juicio el viernes 14 de septiembre a las 16:00.
“Se iba a revisar el testimonio anticipado -de los niños en la cámara de Gesell- pero por cuestiones de fallas de audio el tribunal optó convocar para el viernes”, explicó Stives Reyes, abogado de los padres de los menores.
Los docentes de Inglés y de Educación Física fueron detenidos el 13 de octubre, durante un allanamiento en la escuela. En sus testimonios, los menores los identificaron a ellos y a dos maestros más de la sección secundaria como sus agresores.
Los niños relataron en la cámara de Gesell que fueron acorralados en los baños de la institución, golpeados y amarrados por Eduardo B. S. y Máximo M. M. Otros dos educadores son procesados por el delito de violación. La audiencia por este caso se reinstalará este jueves 13 de septiembre de 2018, a las 15:00.
Según el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de tortura se sanciona con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. La sanción puede llegar hasta 13 años si el afectado es menor de 18 años.
El abogado Reyes explicó que la audiencia de juzgamiento podría tomar varios días debido a la cantidad de testigos y pruebas. Este miércoles rindieron declaraciones los sicólogos, trabajadores sociales y agentes investigadores por parte de la Fiscalía y de la defensa de los niños. Aún restan las pruebas que presentarán los abogados de los educadores.
Esta es la tercera vez que se instala la audiencia. En la de julio pasado, los padres de los menores ratificaron los testimonios de sus hijos. En esa diligencia narraron que eran amenazados, incluso habrían sido obligados a beber sustancias extrañas.
Los familiares de Máximo M., en cambio, rechazan la acusación. Esta tarde se concentraron en los exteriores del juzgado con pancartas y camisetas marcadas con la fotografía del docente.
“Tenía tres años en ese colegio como inspector y maestro de Educación Física, y nunca hubo quejas en su contra. Queremos que investiguen a los padres de los niños porque los han manipulado”, dijo la esposa del maestro.
El caso fue denunciado en octubre de 2017. El plantel fue intervenido y los niños, reubicados en otros establecimientos educativos.