El abogado Erik Ostaiza y el psicólogo clínico Christian Arias asesoran a los padres afectados. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO
Entró llorando a la sala de parto, angustiada. María Isabel recuerda que le aceleraron las contracciones para que alumbrara a Darla, su cuarta hija. Diez horas antes, la madrugada del 4 de agosto, los latidos de la bebé se apagaron.
“No me hicieron cesárea, me hicieron parir a mi hija muerta. Fue horrible”, relata la mujer de 31 años. Todo comenzó el día anterior al parto en el centro de salud materno infantil de Posorja, del Ministerio.
En la consulta, una ginecóloga le habría inyectado insulina en el ombligo por su diabetes. “Llegué con dolores pero me dijo que aún me faltaban dos semanas. Le expliqué que estaba en controles con una especialista en diabetes e insistió en inyectarme”.
Esta es la segunda denuncia de presunto homicidio culposo por mala práctica profesional que apunta a médicos del centro de salud público de esta parroquia rural de Guayaquil.
La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) realiza un proceso administrativo.
En julio, la comunidad de Posorja protestó frente al lugar donde también fue atendida Fátima. A sus 35 años esperaba a Janier, su primer hijo.
Su esposo, Jefferson, recuerda que acudieron a un chequeo. “Tenía sangrado y le dieron pastillas, le pusieron inyecciones y sueros. Después de eso se empezó a hinchar”.
Fátima estuvo cuatro días internada en el dispensario, hasta el lunes 9 de julio. Esa mañana los latidos del bebé se debilitaron. “La ecografista nos dijo que el niño estaba muerto”.
Ese día, su esposa fue trasladada a Guayaquil para una cesárea que se complicó.
Las denuncias fueron presentadas en la Fiscalía del cantón Playas, la más cercana a Posorja. Erik Ostaiza, abogado de las familias, explica que por ahora están recopilando pruebas como parte de la indagación previa, aunque en el centro de salud les habrían dicho que las historias clínicas se perdieron. “Sabemos que el Director del centro, que es psicólogo, fue cambiado. Y médicos fueron reubicados”.
Si bien no conoce el caso directamente, el viceministro de Atención Integral en Salud, Itamar Rodríguez, explica que la investigación de la Acess puede tomar entre uno y dos meses, hasta llegar a una resolución. “Hay que seguir los procedimientos para determinar lo que ocurrió, establecer sanciones si se ha incurrido en faltas y tomar las acciones para corregir”, dijo el funcionario.
La Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil brinda apoyo legal y psicológico a las familias afectadas.