El Juzgado Quinto de Garantías Penales resolverá la demanda en contra de C. García, quien supuestamente era asesor del Gobierno.
La denuncia contra el sospechoso se inició en el 2008. Un grupo de choferes de Azuay, defendido por el ex diputado de la Izquierda Democrática, Carlos González, supuestamente contactó a C. García para que los ayudara para recibir las acciones de una empresa que estaba en custodia de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD).
Los choferes pretendían comprar el paquete accionario de la Cooperativa San Luis que estaba embargada por Filanbanco en liquidación. Según González, para concretar ese negocio se entregaron USD 630 000, pero nunca se concretó.
Los presuntos estafados presentaron una demanda penal en contra de C. García, que fue acogida por la Fiscalía.
El Ministerio Público siguió el proceso y acusó a C. García y a su hija por la supuesta infracción. En diciembre pasado, el Juzgado Quinto de Garantías Penales ordenó la detención de los dos, que se cumplió. Actualmente, C. García se encuentra en el Centro de Detención Provisional de Quito; mientras que su hija está bajo custodia policial en una clínica privada.
Está previsto que el este jueves se cumpla la Audiencia de Juzgamiento en esa misma dependencia. Esta instancia servirá para ratificar o negar los cargos en contra de los sospechosos.
González sospecha que en este caso pudiera existir alguna injerencia política; pues, según sus clientes, las negociaciones de C. García se cumplieron en una sede de Alianza País, ubicada en las calles Santa María y Rábida, en el norte de Quito.
Además, que el principal implicado aseguraba que fue asesor y que tenía contacto con los colaboradores del presidente Rafael Correa. Los directivos del movimiento político del Gobierno aún no se han pronunciado sobre esa denuncia, aseguraron que en los próximos días darían una versión oficial.