La Educación Intercultural Bilingüe, EIB surgió como una nueva forma de organización social basada en un alto grado de conciencia identitaria y tras años de lucha. Expresó la falta de derechos autonómicos de los pueblos originarios dentro de un Estado en el cual los indígenas no tienen los mismos derechos que los otros ciudadanos.
Correa terminó con la autonomía de la dirección indígena en la EIB. Cerró las escuelitas comunitarias, que fortalecían la identidad de origen, e impuso las escuelas del Milenio, totalmente extrañas a la vida colectiva. Ahora, con la creación de la Secretaría de la EIB, se consagra una estructura antidemocrática y burocrática.
La primera crítica que despierta el decreto que se acaba de expedir es que refleja la perennidad de la visión equivocada que tiene el Estado ecuatoriano sobre la cuestión Indígena: “El sistema de la EIB es parte sustancial del Sistema Nacional de Educación”. ¿En qué queda, entonces, el principio constitucional del Estado Plurinacional? Es decir, un Estado que acoja a las diversas pertenencias nacionales del Ecuador y que no niegue la nacionalidad de los pueblos indígenas, expresada en cultura, lengua, historia, territorio, recursos naturales y la autonomía que conlleva el manejo de estos elementos sustantivos.
La segunda crítica que hay que hacer es la discriminación que implica decidir de manera unilateral que “le corresponde al Ministerio de Educación, como autoridad educativa nacional, ejercer la rectoría, regulación control y evaluación del sistema educativo indígena”. Se sobreentiende que a estos no les queda más remedio que acatar la supremacía Estado, ya que no podrían reclamar competencias mínimas ni defender sus intereses y derechos fundamentales.
Así, se presenta a los indígenas como gente incapaz de manejar su propio sistema educativo. Otro punto repudiable es que se hable de “saberes ancestrales” y no de cultura, con lo que se retrocede en lo atinente al concepto de interculturalidad como estrategia de sobrevivencia e inserción, y no de asimilación.
Si la EIB se despolitiza y pierde su vínculo con la lucha indígena, que busca modificar las condiciones de un Estado extraño a los requerimientos de los pueblos, pasará a ser un artificio legal que solo servirá para mejorar las condiciones de vida de unos cuantos funcionarios.
Muchos integrantes de la Ecuarunari piensan que la EIB y su apéndice, la Universidad Amawata Wasi, pueden convertirse en instrumentos de coerción en manos del gobierno, quien sabe si para permitir que las transnacionales mineras y petrolera hagan de las suyas. Apawki Castro, de la Conaie afirma: “Mantendremos nuestra autonomía política e ideológica para no perder nuestro potencial revolucionario”.