El alcalde Augusto Barrera anunció ayer que insistirá ante la Fiscalía para que se indague el caso relacionado con la demolición de la casa patrimonial de la av. 12 de Octubre. “La indagación debe incluir los procesos de compra-venta”.
Según el Burgomaestre, el 7 de junio del 2011 fue registrada la compra-venta en la Notaría Tercera. En ese documento consta que la empresa Herdoíza Crespo vendió el inmueble a Fausto Alejandro Jarrín Terán.
“Cuando uno compra un bien, lo primero que hace es ir al Registro de la Propiedad y decir esto es mío y luego al Municipio, para que pongan el nombre respectivo”. En su opinión, el comprador no hizo esos trámites.
De acuerdo con una certificación de la Unidad de Transferencia del Municipio de Quito, Fausto Jarrín compró el inmueble en USD 850 000, en efectivo. El traspaso de dominio fue registrado el 31 de mayo de este año. Él declaró USD 615 de Impuesto a la Renta, en el 2010.
La casa fue derrocada el 13 de agosto pasado, a las 05:00. Hasta esa fecha, en el archivo del Inventario Patrimonial de la Ciudad no constaba el traspaso de dominio.
Según José García, abogado de Fausto Jarrín, se decidió derrocar la casa amparándose en una sentencia emitida por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia, con fecha 6 de julio del 2010.
En el fallo se señala que el Instituto Metropolitano de Patrimonio, ex Fonsal, no justificó las razones para que la casa sea considerada un bien patrimonial. Por ello, se ordenó que la casa fuese retirada del inventario de predios patrimoniales de Quito “El único error que tuvo el nuevo dueño fue no haber solicitado un permiso de derrocamiento”.
En opinión de Barrera, la máxima instancia que define el carácter patrimonial de un bien no es el Instituto Metropolitano de Patrimonio, sino el Concejo. “Iniciaré una acción extraordinaria de protección contra la sentencia dictada por la Segunda Sala”.