La Defensoría del Pueblo no dio respuesta al pedido de medidas cautelares para evitar la aplicación de la Resolución 300 de la Aduana del Ecuador. Así lo indicó Eddy Castillo, presidente de la pre Asociación de Distribuidores de Licores.
El pasado 9 de agosto, la entidad emitió dicha normativa, que regula el etiquetado de licores importados. Allí se establece que a partir del 24 de enero se controlaría que los comerciantes no cuenten con licor sin las nuevas etiquetas.
Importadores y vendedores reaccionaron en contra del tiempo, estimándolo como corto. Ante ello la Aduana aplazó la aplicación de la norma hasta el 1 de marzo.
Sin embargo, los empresarios insisten en que no alcanzarán a salir del stock anterior. Por esta razón, los miembros de la pre Asociación, el 23 de enero pidieron a la Aduana que detenga el proceso y a la Defensoría Pública que se aplique medidas cautelares.
Ayer, fecha en la cual se esperaba una respuesta de la entidad, solo les tomaron los datos, según Castillo.
Los empresarios licoreros, por el momento, están analizando pedir medidas cautelares ante un juzgado.