Demecio Molina Mosquera de la Asociación Derechos Humanos en Esmeraldas habla de la situación en la frontera. Foto: Cortesía
Entrevista a Demecio Molina Mosquera de la Asociación Derechos Humanos en Esmeraldas.
¿Cómo está el tema del respeto a los derechos humanos en la frontera?
Hemos recibido testimonios de los dos lados donde se desarrolla el conflicto. En ambas zonas coinciden que la presencia militar y policial es numerosa y eso ha hecho que la tensión baje. Pero por otro lado también hay comentarios de quienes se sienten amenazados porque conocen ciertos movimientos de actores que operan al margen de la ley. Justamente, a través de estas personas se comenta que los subversivos iniciaron todo este conflicto por presuntos actos de corrupción en la fuerza pública. Esto se debe investigar y combatir para no lamentar hechos de violencia que involucren a los civiles de estas poblaciones. Dos estados de excepción se decretaron en la zona de frontera.
¿Qué resultados dejaron?
Si bien es cierto que estas medidas permitieron la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía, por otro lado considero que no se generó una política que vaya más allá de la seguridad y que en cierta medida involucre a todos los actores del conflicto.
¿También a los grupos armados ilegales?
Por supuesto, pero eso debe entrar en el proceso de paz que ha logrado Colombia. Se abarcó a los mandos altos de la guerrilla de las FARC, pero las disidencias, cuya creación se advirtió, no ha sido incluida y ahora vemos los resultados. Este conflicto de ahora debe ser la oportunidad para acercarlos.
¿A qué costo se puede lograr esto, entendiendo que las poblaciones tienen a estas personas como los sustitutos del papel del Estado?
Los gobiernos de Ecuador y Colombia deben diseñar una política real de atención económica en la frontera que vaya acompañada de normas de carácter aduanero, porque en la frontera no solo se mueve la droga o sustancias químicas, sino muchos productos por contrabando. Soy de la idea de que debe haber un libre comercio, pero con una regulación que limite los excesos y de esa forma generar un consumo equitativo.
¿Qué propuesta puede funcionar en estas poblaciones para una convivencia pacífica?
Insisto en que debe ser por una activación económica verdadera, no solo del Estado, sino de los municipios y gobiernos parroquiales.
Esto debe estar atado a un apoyo para la empresa privada. Y no solo en el aspecto de la pesca y la palmicultura, que son una de las fuentes principales de la economía, sino a otros sectores como el turismo comunitario que se puede desarrollar fuerte con el uso de lanchas que guíen a los turistas por las hermosas islas que tiene la frontera.
¿Cómo se entenderá este planteamiento en las poblaciones?
Las personas, al ver que hay ingresos lícitos, no se dejarán convencer fácilmente por los grupos irregulares. Incluso lo verán como la gran oportunidad para desvincularse de la tensa situación que han vivido por años, debido a las amenazas, secuestros, asesinatos y demás acciones.