En abril, García cumplirá 10 años como procurador. Admite que hubo “confianza” con Rafael Correa, pero en lo profesional. Legisladores lo cuestionan. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
Inicios de 1984. Día de la novatada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En los bajos del edificio principal estaba un grupo de jóvenes desconocidos: Juan Carlos Cassinelli, Rafael Correa y Diego García. Todos tenían apenas 21 años. Una fotografía de ellos, abrazados, congeló ese momento.
34 años después, García, sentado en el despacho de la Procuraduría, en Quito, asegura que su relación con el expresidente Correa no fue de amistad. Reconoce, eso sí, que llegaron a tener confianza mutua, sobre todo por lo profesional.
Cassinelli, exasambleísta de Alianza País y exministro de Correa, rememora aquella imagen de 1984 y admite que el actual Procurador y el expresidente no son íntimos, y que más bien hay “un enorme respeto profesional” entre ambos.
Él sí mantiene una estrecha amistad con García. Ambos se conocieron en 1982, cuando cursaron juntos el propedéutico en la Facultad de Jurisprudencia. Los lazos se fortalecieron durante las largas jornadas de estudio en la biblioteca del padre del actual abogado del Estado, Galo García Feraud, un reconocido jurista guayaquileño que ocupó los ministerios de Educación y de Gobierno, en los períodos de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado.
En esa época, un timorato García cursaba el cuarto curso de físico matemático en el Colegio Javier de Guayaquil. No fue un buen alumno en ese campo. Siempre tomó clases extras para aprobar las materias. Fue entonces que su padre le propuso viajar a Quito. En la capital pasó por el Colegio Intisana. En ese plantel las notas mejoraron. Tuvo más afinidad con la literatura o la historia.
Este 25 de enero, García cumplirá 55 años. Lleva una década en la Procuraduría y hoy lo critican por no asistir al juicio contra Jorge Glas, sentenciado por el caso Odebrecht.
Henry Cucalón, legislador por el Partido Social Cristiano, pide que comparezca en la Asamblea. “No tiene justificación para no haber ido al juicio. No estuvo a la altura del cargo. Él ha sido 10 años procurador del correato. Quien conoce su personalidad sabe bien que le gusta estar fuera del radar”.
García llegó a la Procuraduría en abril del 2008. Su nombre fue propuesto por el asambleísta constituyente Nelson López, de Alianza País. 84 legisladores lo respaldaron.
Un año antes su suerte era distinta. Alexis Mera, secretario jurídico de Rafael Correa, le llamó para proponerle ser parte de la terna para la Superintendencia de Compañías, pero no tuvo apoyo. Solo seis constituyentes votaron por él. “Yo era un desconocido en lo político”, dice García, para explicar aquel episodio.
Quien sí lo conocía desde antes era Alfredo Palacio, el médico que gobernó el Ecuador entre abril del 2005 y enero del 2007. García fue su secretario jurídico durante los últimos nueve meses de mandato.
11 años después de dejar Carondelet, el médico reconoce que el actual Procurador “jamás lo defraudó” y que fue “un baluarte en el Gobierno”. Esos nueve meses fueron intensos. Trabajaban “hasta medianoche” y comían “a deshoras”.
En esos nueve meses, el abogado asesoró a Palacio en temas petroleros, principalmente. De hecho, él elaboró el Reglamento de la Ley 42, una normativa que reguló los excedentes de las ganancias del petróleo y fijó un reparto del 50% entre el Estado y las petroleras.
En ese entonces nadie sospechó que esa ley provocaría millonarias demandas de las compañías, por incumplimiento de los contratos. García tampoco se imaginó que él enfrentaría a esas empresas, como abogado del Estado.
En los últimos años, el Ecuador ha debido compensar a las compañías tras perder las demandas. Precisamente por esto, hace 25 días, Elizabeth Cabezas, asambleísta de AP, solicitó que García compareciera.
El Procurador no se opone. Compara los montos que ha desembolsado el Ecuador a las petroleras, por los juicios perdidos, frente a los ingresos que significó la Ley 42 para el país en estos años, y asegura que ha sido un buen negocio.
Entre el 2008 y 2017, los tribunales internacionales han ordenado que el Estado pague USD 1 604 millones a las compañías. El país ha cancelado otros 143 millones por acuerdos con las empresas. García asegura que la “buena defensa” ha provocado que Ecuador no desembolse 12 000 millones que se exigían inicialmente.
En ese periodo, la Procuraduría recibió en el extranjero 15 decisiones favorables, cuatro parcialmente favorables, seis desfavorables y seis desestimientos. Además hubo otras 26 controversias resueltas de forma amistosa. Anualmente la entidad maneja alrededor de 15 000 procesos en el país y en el exterior. Para defenderse, el organismo contrata a bufetes internacionales de abogados. Anualmente gasta USD 22 millones en promedio.
Pero David Rosero, exintegrante del Consejo de Participación, recuerda que en el 2011, cuando el abogado fue reelecto, hubo ocho impugnaciones en su contra, principalmente por la “mala defensa” en las cortes y su “cercanía” con Correa. García se defendió en ese entonces y ahora dice que “todo está documentado”.
Quienes conocen íntimamente al abogado advierten que ha ejercido el cargo de forma “honesta y con alto grado de responsabilidad y seriedad”. Esa seriedad se queda a un lado cuando el Procurador habla de sus cuatro hijos y de su esposa, Ana Gutiérrez.
La pareja se conoció en la universidad. García Feraud recuerda que su hijo hacía fila para matricularse cuando la conoció. “Ella lo vio y dijo: yo también me matriculo en esta facultad, porque le pareció que ese era el hombre de su vida”. Hoy llevan 30 años de casados.
Cassinelli estuvo en la despedida de soltero. Fue en la casa de García Feraud, en la ciudadela Kennedy, junto al estero Salado. Al amanecer, los compañeros intentaron botarlo al agua. Estuvieron a “un milímetro”, pero su abuela lo evitó.
Su familia ahora dice estar preocupada por él. Su padre lo ve “flaco”. El Procurador atribuye su pérdida de peso al “extenso horario de trabajo”. En el 2019 terminará su período. Dice que se irá con la “conciencia tranquila”.