El presidente Lenín Moreno, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el titular del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh presidieron este 6 de noviembre de 2017 una reunión especial para analizar la ola de denuncias de abuso sexual registradas en centros educativos. Foto: Flickr/ Presidencia de la República de Ecuador.
Tras las denuncias de violaciones sexuales en el sistema educativo, el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión con ministros y autoridades de otras funciones del Estado para coordinar acciones encaminadas a una respuesta oportuna. Ocurrió este lunes 6 de noviembre.
En ese espacio, el ministro de Educación, Fander Falconí, reconoció que hubo “negligencia” de las autoridades en el tratamiento de lo que pasó, principalmente en un centro educativo de Guayaquil. “Hubo políticas débiles de apoyo a las víctimas, a los pequeñitos que fueron violentados. Hubo acción negligente de parte de las autoridades educativas para dar una respuesta adecuada”.
Ante la pregunta sobre los casos que se van a reabrir y que están archivados, Falconí respondió que se registraron “918, que son denuncias en el sistema educativo, desde el 2013. De estos, tenemos que el 35% (321) se producen fuera de este y el 65% (597) restante se produce al interior”.
El titular de la Cartera explicó que se han realizado varias acciones para enfrentar la problemática. Una es la obligación de las autoridades de denunciar los hechos en el sistema judicial, ya que no solo deben tratarse en el educativo. Asimismo, el levantamiento de las restricciones de acceso a la información.
También que se acabe la denominada ‘giratoria’. Esto es que si un profesor es investigado por violencia sexual, no puede ir a un cargo administrativo. Al contrario, debe ser separado hasta que termine la indagación, sostuvo.
En la reunión estuvo presente Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura. Explicó que en el sistema judicial se contabilizaron 4 000 denuncias a escala nacional. La mayoría está en indagación y no han alcanzado a judicialización, que puede demorar, al menos, dos años.
Ante ello, se estableció como prioridad la asistencia gratuita a quienes denuncian para que se concluya con los procesos. El funcionario coincidió en que estos delitos deben ser procesados administrativa y judicialmente.
Sobre la temática, Moreno sostuvo que “nos hemos reunido para intercambiar criterios, opiniones, plantearnos cuáles van a ser nuestras expectativas, nuestras esperanzas, pero, sobre todo, las acciones que debemos tomar para afrontar este terrible problema que afronta la sociedad y que tiene aterrorizado a niños, que tiene aterrorizado a padres”.
El Mandatario recalcó que una de las iniciativas gubernamentales implementadas para enfrentar esta situación es la campaña Más Unidos, Más Protegidos, que lidera el Ministerio de Educación. Esto como un frente amplio de protección infantil para defender los derechos de la niñez y adolescencia.
Con esta se busca comprometer a estudiantes, padres y autoridades educativas para prevenir y erradicar hechos que vulneren los derechos de los menores. También garantizar espacios de paz y lograr un mejor aprendizaje dentro del sistema educativo con la prevención de problemáticas.
Otro acuerdo al que se llegó es la conformación de una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Educación. Se encargará de articular políticas de Estado con la cooperación de otras instituciones, señaló el titular de la Judicatura.