Silvia Buendía, abogada y defensora de minorías, habló sobre las marchas que se han organizado para defender los derechos de las familias. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
“El proyecto de Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género está enfocado en la prevención. Lo que quiere es cambiar los patrones socio culturales que discriminan a las mujeres. No se puede cambiar a la sociedad con meter presa a la gente”. Así lo indica Silvia Buendía, abogada y defensora de minorías como las de Gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo (Glbti) sobre esa normativa que se analiza en la Asamblea Nacional.
Ella rechaza la campaña en redes sociales que iniciaron grupos que afirman defender la vida. Estos argumentan que se pretende naturalizar postulados que vulneran los derechos de la familia y que se incluyen en los proyectos de reforma al Código Orgánico de la Salud y el de la Erradicación de la Violencia de Género.
La Arquidiócesis de Guayaquil anunció una marcha para el 14 de octubre, en el Parque Centenario. A través de un comunicado, monseñor Luis Gerardo Cabrera, dice que celebrarán la fiesta de la vida y de la familia. El objetivo, según afirma, es “reivindicar los derechos de los niños, entre ellos, de nacer y de contar con un padre y una madre, como también el derecho constitucional de sus progenitores de educarlos según sus convicciones y creencias”.
En Quito también se prepara una marcha, para el 14 de octubre, en el parque El Arbolito, liderada por el Frente Nacional por La Familia de Ecuador.
Para Buendía, el problema radica en que esas agrupaciones han utilizado mentiras para organizar la manifestación. La razón: no pueden decirle a la gente de forma directa que están en contra de los grupos Lgbti.
Se trata de conjeturas con mala fe. “No se habla de cambio de sexo ni de aborto, sobre matrimonio o adopción, no dice eso. Mienten de forma irresponsable”.
A esas agrupaciones les molesta que se incluya la palabra género –anota- como perspectiva o enfoque dentro del proyecto de Erradicación de la Violencia. Eso no es nuevo, en la plataforma de Beijing de 1995 ya se estableció y Ecuador firmó como país miembro. Se determinó que ser mujer era un factor de riesgo, discriminación, abuso y violencia.
“No tiene que ver con orientación sexual ni con identidad de género, tampoco es darles preservativos a los niños”, asegura.
Cree que esas agrupaciones están en libertad de organizar marchas. También pueden protestar contra los Lgbti y decir que no tienen derechos, pero legalmente sí los poseen. Cita el artículo número 11 de la Constitución del 2008 de Montecristi. Nadie puede ser discriminado. El Estado garantiza la orientación sexual diversa y la identidad de género.