El número de animales silvestres en los primeros ocho meses del 2017 supera al total de rescatados en el 2016. Foto: Cortesía Fondo Tueri.
Mayores sanciones por cometer delitos contra la flora y fauna del país es el pedido de diferentes académicos, organizaciones y abogados especializados en temas ambientales. A esta conclusión se llegó en un foro realizado durante la última semana de septiembre en la Asamblea Nacional, donde se analizó temas relacionados a la caza, el tráfico y la tenencia ilegal de especies.
Las observaciones servirán para la construcción de un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Para María Amparo Albán, una de las ponentes del foro y docente de la Universidad Dos Hemisferios, el régimen sancionatorio ambiental “no es débil en sí mismo”, pero existe la necesidad de impulsar estos procesos más frecuentemente.
Además, dice, respecto a la comercialización ilegal de vida silvestre, se está evidenciando que las sanciones son aún muy bajas. Según el artículo 247 del COIP, los delitos contra la flora y fauna silvestre son sancionados hasta con tres años de prisión.
Para Albán, los principales problemas se relacionan a que el delito ambiental todavía no es percibido como “un delito grave que merezca una sanción ejemplar”, un porcentaje mínimo de las denuncias se procesan y un número aún más pequeño llega a sentencia.
Guayas es la provincia donde se ha registrado la cifra más alta de denuncias por delitos contra la flora y fauna silvestre, con ocho denuncias. Según la Fiscalía General del Estado, desde enero hasta agosto del 2017 se han contabilizado 67 denuncias en todo el país. En la lista le siguen Galápagos y Orellana con siete denuncias, y en tercer lugar están Santa Elena y Esmeraldas con 6 cada una.
El mayor José Ricardo Yánez, jefe de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, cuenta que en lo que va del año han detenido a 68 personas por delitos ambientales y se han retenido 2 941 animales silvestres.
En el 2016, la cifra de fauna silvestre retenida durante todo el año fue de 2 945 especímenes, es decir, cuatro animales más de lo que se ha retenido en los ocho primeros meses de este año. En el 2015 la cifra alcanzó los 2 432 ejemplares.
Yánez explica que una vez que se identifica a la persona que cometió la falta, el siguiente paso es analizar qué tipo de especie estaba implicada en el caso y su estado de conservación.
Por ejemplo, si es una especie protegida, vulnerable o amenazada, el caso se remite a Fiscalía. Si la especie no entra en estos parámetros, el caso se remite al Ministerio del Ambiente (MAE) para iniciar un proceso administrativo que implica una multa. Para lograr la identificación de las especies, los agentes cuentan con guía.
Esta unidad especializada de la Policía opera en todo el país desde el año 2000. Sus acciones se articulan con personal del MAE y otras organizaciones dedicadas al bienestar animal.
El tráfico de especies es un tema preocupante en el Ecuador y a escala internacional, dice el Jefe de la UPMA. Otro problema, dice, es la comercialización de platillos hechos con especies como los pepinos o caballos de mar. Recuerda un caso en el que se identificó un restaurante que ofrecía estas preparaciones y se logró detener al propietario.
Otro caso que destaca de este año fue la detención de ocho personas por la pesca ilegal de fauna acuática en una zona protegida, en Santa Elena, donde se halló 20 gavetas con sardinas.
Según Jorge Yunda, coordinador del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal, actualmente se está trabajando en la construcción de un proyecto de reformas al COIP en estos temas.