El Frente Unitario de Trabajadores se alista para la marcha de esta tarde, en Quito. Foto: Paúl Rivas/EL COMERCIO
Por primera vez, luego de nueve años, la movilización convocada por los trabajadores llegará hasta la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, en Quito.
No habrá cercos policiales. Incluso, está previsto que los espere una comisión del Gobierno Nacional, para recibir las propuestas de los sindicatos para la consulta popular.
Lo confirmó Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien asegura que fue el acuerdo al que llegaron con el presidente Lenín Moreno, en un diálogo previo.
Según el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), está previsto que se reúnan en el Salón Amarillo, con algunos ministros como: Miguel Carvajal de la Secretaría de la Política, Raúl Ledesma de Trabajo, César Navas del Interior.
El Primer Mandatario anunció, el lunes 18 de septiembre de 2017, que el 2 de octubre enviará el contenido de la consulta popular a la Corte Constitucional, para su calificación. Y abrió la posibilidad de que la ciudadanía participe, remitiendo sus propuestas hasta el martes 26, a su despacho.
La semana pasada, adelantó los temas generales que podrían ser abordados: mejorar el sistema político, profundizar la participación ciudadana, absoluta transparencia en la elección de autoridades de control y fortalecer el equilibrio en las funciones.
La meta de las cerca de 50 organizaciones que se movilizarán esta tarde, 20 de septiembre, es copar el Centro, con al menos 50 000 personas. La idea inicial nació de la dirigencia sindical. Plantearon respaldar las primeras decisiones de Moreno. Pero también pedirle más acciones concretas, por ejemplo, en el combate a la corrupción.
La Plaza Grande es un sitio simbólico. Las agrupaciones que hicieron oposición al anterior Gobierno no pudieron llegar hasta ahí con sus manifestaciones. Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), recuerda que el oficialismo se apropió del lugar con sus ‘contramarchas’. Esta vez no habrá movilización del oficialismo.
La idea de una consulta popular ha revivido la unidad de la sociedad civil. Cada vez, más organizaciones se suman. Concuerdan en los temas centrales, aunque también tienen una agenda particular.
El punto de consenso general es la eliminación o reorganización del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Le siguen el cese de funciones de las autoridades de control y la eliminación de la reelección indefinida.
Estas propuestas son apoyadas también por los movimientos y partidos políticos, como Creo, Unidad Popular, Pachakutik, SUMA, Izquierda Democrática, Social Cristiano y Centro Democrático (CD).
Creo solicitó también que se consulte sobre la permanencia de la dolarización, para ratificarla en la Constitución. Mientras que CD quiere incluir la creación de una Secretaría de Prevención de la Violencia y extender el período presidencial de cuatro a seis años.
A la iniciativa de los trabajadores se han ido sumando colectivos, como la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Mujeres por el Cambio, exfundadores y exaliados de Alianza País, estudiantes secundarios y universitarios, la Plataforma por la Defensa de la Democracia, Yasunidos, la Mesa de Convergencia.
Algunos han planteado propuestas particulares, que esperan hacerlas llegar al Presidente. Yasunidos, por ejemplo, se ha propuesto insistir en la lucha para evitar la extracción petrolera en el ITT. El colectivo Unidos contra la Impunidad plantea restablecer el aporte del Estado al IESS, eliminar el techo de las utilidades y la Ley sobre la Plusvalía.
La CNA pide, en cambio, derogar las últimas enmiendas constitucionales. Y el FUT apunta a que se deroguen los decretos 16 y 813, que regulan el funcionamiento de las organizaciones sociales.