Ahora que vuelve a estar en tela de duda la intención de quienes reorganizaron la administración de justicia, cabe preguntarse hasta dónde llegará el sistema judicial, con la Fiscalía a la cabeza, en la investigación de las denuncias de corrupción vinculadas a varias obras de infraestructura energética construidas durante los gobiernos de Rafael Correa.
La filtración de correos sobre la administración de justicia pone en evidencia la intervención del Ejecutivo en casos de su interés, y refuerza las dudas sobre un sistema permeable que pudiera dilatar la investigación y la sanción de los responsables del que, de comprobarse, pudiera ser el acto de corrupción más grande de la historia nacional.
Esto, no solo en función de los inéditos montos manejados sino por la falta de rendición de cuentas y por el blindaje institucional alrededor de las autoridades de control y de justicia. De no haber sido por los llamados ‘Panama papers’ y por las denuncias de corrupción alrededor de Odebrecht, el ovillo seguramente jamás se habría desenredado.
La Asamblea también hizo su parte. Una herencia de esos tiempos de control político total y cero fiscalización es el hecho de que no se haya dado paso a un juicio político al vicepresidente Jorge Glas. Si bien tiene el derecho a la presunción de inocencia, debe dar explicaciones como responsable político del sector en donde se cometieron los perjuicios.
Pero mientras varios países muestran con descaro la falta de independencia judicial, un ejemplo llamativo acaba de producirse en Uruguay, con un político que fue apoyado por el admirado expresidente José Mujica. El vicepresidente Raúl Sendic, el presidenciable para el 2019, acaba de renunciar debido al creciente desprestigio por sus raterías.
‘Acorralado por denuncias de corrupción, condenado por sus camaradas por falta de ética, despreciado por muchos de sus compañeros que lo querían correr a un lado como quien se saca una pelusa de la ropa, y con la antipatía de la población, no tuvo más remedio que dar un paso al costado. Entró a la sede del Frente Amplio (…) y, micrófono en mano, dijo: “Vine a renunciar”. Así lo reseña La Nación de Buenos Aires.
Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno en 1999, fue nombrado vicepresidente de la petrolera estatal ANCAP. Más tarde, con el apoyo de Mujica, llegó a la presidencia de la empresa y desde ahí construyó su candidatura. En las primarias de 2014, su mentor forzó que el entonces candidato Tabaré Vázquez lo eligiera como compañero de fórmula.
En su gestión se produjeron pérdidas millonarias que dejaron a ANCAP al borde de la quiebra. También se descubrió que se inventó el título universitario. Y que usó la tarjeta de la petrolera para compras personales, por unos miles de dólares. Suficiente -muy poco se diría por estas tierras- para renunciar.
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