El destape y las denuncias de sobreprecios, supuesta corrupción y hasta coimas dejan severos cuestionamientos.La ética de lo público y la responsabilidad de ciertas empresas privadas están en cuestión. Más allá de la esencial acción de una justicia, cuya independencia es nuevamente puesta a prueba, la calidad de las obras públicas deja que desear.
Y el tema ya no pasa solamente por los aspectos del uso atildado, con pulcritud y cuidado de los recursos del Estado que al mismo tiempo son de todos. No, atañe también a la calidad de las obras, sus estudios y su ejecución.
El más reciente ejemplo lo deja traslucir el Ministro de Hidrocarburos con el diario oficial. El poliducto Pascuales-Cuenca tiene más de 100 objeciones. Debió ser entregado en 2015 y todavía no se lo recibe. Otra vez aparece en el tapete el nombre de Odebrecht, lo que deja dudas sobre su competencia técnica, constructiva y de subcontratación.
Pero no es el único caso ni la única firma privada que parece no haber cumplido con los estándares de calidad. Se podría enumerar casos relacionados con la Refinería de Esmeraldas, la planta de gas de Bajo Alto, la carretera Collas-Aeropuerto, etc.
Es un problema de fondo, no solo que no se manejan con ética los fondos públicos sino que los estudios de prefactibilidad y la ejecución parecen tener aspectos delicados y una inexplicable falta de fiscalización de las obras. Reparar esas fallas cuesta millones y toma tiempo. El perjuicio es doble para el país. Es inadmisible.