“Vamos a demostrar que nosotros presentamos información fidedigna que fue el resultado de nuestro trabajo”, sostuvo Santiago Pérez, antes de entrar al edificio Patria de la Fiscalía de Pichincha para rendir su versión sobre la indagación abierta en su contra.
En ese inmueble lo esperaba el agente Gustavo Benítez, quien inició una indagación previa para investigar una presunta manipulación de la información que entregó la encuestadora luego de la consulta del 7 de mayo.
Ese día, la empresa de Santiago Pérez presentó en la cadena de medios estatales los resultados del ‘exit poll’ que daban una holgada ventaja al Gobierno. Según ese sondeo, el Sí ganaría con un promedio de 20 por ciento en votos válidos sobre el No.
Sin embargo, los resultados oficiales demostraron que la diferencia llegaba el 8 por ciento. Eso, para funcionarios del MPD y de Pachakutik es motivo de un juicio penal, pues la encuestadora habría presentado información que pudo causar una conmoción nacional.
Pérez sostuvo que acudió al llamado de la Fiscalía porque es su responsabilidad profesional; pero manifestó que no fue la única empresa que entregó sondeos luego de las votaciones. “Hubo otras empresas que también presentaron información electoral, luego de la consulta, por qué no se revisan los resultados que emitieron ellos”.
Específicamente, señaló que en la consulta todas las encuestas antes y luego de las elecciones establecieron valores que los ubican fuera de la banda de error.
Los medios de comunicación no tuvieron acceso a la diligencia en la oficina del fiscal Benítez. El Código de Procedimiento Penal establece que la etapa de indagación previa tiene que ser en reserva. Según el delito, la investigación pudiera durar hasta un año.
El caso de la Fiscalía no es el único expediente de investigación que está abierto por el trabajo de la encuestadora de Pérez durante las elecciones. La Contraloría General del Estado inició una verificación preliminar para revisar la contratación que hicieran los canales Gamatv y TC Televisión, los cuales son manejados por el Estado.
La etapa de verificación previa es la antesala a una auditoría formal por parte de la Contraloría y en ella se deberá determinar si existen los méritos suficientes para que se ejecute ese análisis.
El trabajo de verificación se inició hace más de una semana y no hay una fecha establecida para que se entregue ese informe.
Para el asambleísta Cléber Jiménez, la Fiscalía también deberá indagar el contrato de la empresa encuestadora, pues se usaron dinero público. “La empresa de Santiago Pérez no cumplió con lo que había ofrecido, lo menos que debían hacer los responsables de los canales es pedir que se reembolse el dinero”.
Los representantes del Partido Sociedad Patriótica también presentaron una demanda en la Fiscalía para que se investigue el contrato que recibió Pérez.