El alcalde de Cuenca Marcelo Cabrera se reunió con el fiscal Adrián Rojas por el caso del supuesto tráfico de influencias que se investiga a tres funcionarios de la empresa municipal Etapa. Foto: Lineida Castillo/ EL COMERCIO
La tarde de este miércoles 14 de junio del 2017, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, se reunió con el fiscal de Azuay, Adrián Rojas, por la investigación contra tres funcionarios de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca (Etapa).
Según Cabrera, la reunión fue para garantizar a la Fiscalía que están abiertas las puertas de la Corporación Municipal, dentro de la instrucción fiscal que se abrió el lunes 12 de junio del 2017, contra el Gerente General de Etapa, el Gerente de Agua Potable y Saneamiento Ambiental y el Subgerente de Infraestructura.
Los tres funcionarios y dos contratistas de la empresa adjudicataria de la ampliación de la planta potabilizadora de Tixán son investigados por el supuesto delito de tráfico de influencias. Esta obra fue adjudicada en enero del 2017 por USD 9,6 millones.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, en este contrato se infringió el artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: los dueños del consorcio adjudicado son familiares del Gerente de Agua Potable de Cuenca. En cambio, el Subgerente de Infraestructura fue parte de la Comisión Técnica que calificó la oferta y el Gerente General firmó el contrato.
El Gerente General de Etapa cumple prisión preventiva por el delito de omisión respecto al tráfico de influencia, y los otros dos están con prohibición de salida del país; deben presentarse cada 15 días en la Fiscalía. El alcalde Cabrera dijo que estará atento a que el proceso se maneje con independencia.
Cabrera, quien participaba en un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Londres, adelantó su viaje a la capital azuaya este miércoles 14 de junio, para tomar decisiones frente a la dirección de la empresa municipal Etapa.
El Directorio de Etapa fue convocado para las 08:00 de este jueves 15. Allí se tratará sobre la instrucción fiscal. Para la tarde está prevista una reunión extraordinaria del Concejo Cantonal para que la Procuraduría Síndica de Etapa informe sobre los procesos.
La Fiscalía de Azuay también investiga la adjudicación de otra obra: la conducción de agua cruda Saymirín-Planta Tixán, rehabilitación del canal y construcción del interceptor XIII del río Machángara. Esta obra se firmó el 4 de mayo del 2017 por USD 9 millones.
El alcalde Cabrera aseguró que el miércoles 7 de junio se notificó a la empresa ganadora del proceso sobre la terminación unilateral del contrato porque se detectó la inhabilidad. “Uno los miembros de la Comisión Técnica tiene una parentela cercana con uno de los socios del consorcio adjudicatario”.