A través de la historia hemos sido testigos que cuando se rompe el control cruzado del poder entre el Legislativo, Judicial y Ejecutivo, se pierde el control del manejo administrativo de un país, destruyendo la organización que permite el desarrollo que da los elementos básicos de su crecimiento y bienestar.
Un super poder fractura la independencia que sostiene el derecho a opinar sin admitir intervención ajena, necesario para establecer un control que pueda realizar comprobaciones, inspecciones, fiscalizaciones y mediaciones.
Que sea preponderante y recto, que aplique justicia con razón y equidad, conforme a derecho. La corrupción se convierte en una práctica consistente, que abusa de las funciones y medios existentes en organizaciones, generalmente públicas, en provecho económico o de otra índole de sus gestores.
El conocimiento de los derechos humanos y su aplicación, ayudan eficazmente a su control. Una prensa libre dará la voz de alerta a tiempo, evitando posibles actos de corrupción.
La actuación de ciudadanos ejerciendo su derecho de libertad e independencia, sin estar atados a las partes, abrirá caminos de solución en beneficio del país.
Si queremos actuar con justicia, debemos tomar en cuenta que los principios de ecuanimidad, equidad, honradez, imparcialidad, neutralidad, rectitud, honestidad y objetividad deben ser las cualidades para que los funcionarios encargados de examinar las cuentas y su legalidad, así como los gastos oficiales, deben estar alejados de posibles conflictos de intereses, y que no sólo cumplan con una declaración de sus bienes, sino con otra de comprensión sobre conflictos de intereses, para que no estén relacionados con compromisos partidistas, personales o de cualquier índole, en vista de que el enriquecimiento de unos pocos perjudica el bienestar de la mayoría, especialmente en obras prioritarias de salud, educación y servicios para la población.