Carlos Pérez Guartambel, presidente de la organización, explica que, aunque las “intenciones del presidente (Lenín) Moreno son buenas” no se podrán aplicar sin un proceso de reformas. Foto: Archivo EL COMERCIO
La Confederación Kichwa (Ecuarunari) resolvió ratificar su “desobediencia civil” al aparato institucional establecido por el anterior gobierno, liderado por Rafael Correa.
Carlos Pérez Guartambel, presidente de la organización, explica que, aunque las “intenciones del presidente (Lenín) Moreno son buenas” no se podrán aplicar sin un proceso de reformas.
Según la declaración de la asamblea general de la Ecuarunari, conformada por 18 nacionalidades kichwas, se deben reformar las leyes de minería, agua, tierras, educación intercultural, el Código Integral Penal, entre otras.
La desobediencia civil a estas normas consiste -explica Pérez- en la realización de encuentros, talleres y movilizaciones, que “se iniciarán en los próximos meses”.
Además, desde esta semana empezarán la difusión en las comunidades. Y prepararán demandas internacionales que se presentarán en “menos de un mes”.
La Ecuarunari pedirá a organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comité contra la Discriminación Racial de la ONU y la Corte Penal Internacional que analicen estas normativas, que ellos creen son regresivas en derechos.
Moreno, en su segundo día de mandato, adelantó la posibilidad de amnistías para enjuiciados por protestas. Agregó que anunciará “buenas noticias” en los próximos días con respecto a “lo que se considera juicios contra la libertad de manifestarse”.
Pérez Guartambel dice que para la Ecuarunari esta sería una acción “cosmética”, ya que mientras no haya reformas de tipo penal sobre protestas sociales, los conflictos continuarán.