En la cámara de Gesell, expertos y psicólogos tratan los casos relacionados con abusos sexuales a menores. Foto: Archivo/EL COMERCIO
Información de la Fiscalía señala que en el 2016, a escala nacional se reportaron 114 denuncias relacionadas con delitos de pornografía en niños menores de 10 años. Pero también hubo casos que tienen que ver con la comercialización de material ilegal.
Los agentes sostienen que las redes sociales son los canales más utilizados para transmitir pornografía infantil, pero también para engañar y chantajear a las víctimas. Para eso, los integrantes de las bandas usan perfiles falsos y atraen la atención de los niños.
“En la investigación penal es necesaria la mirada de expertos informáticos, para, a través de los mecanismos legales, determinar desde dónde se producen los contenidos y a dónde se los transmite”, advierte la Fiscalía de Pichincha.
El año pasado, en esta provincia se abrieron 45 investigaciones: 12 por pornografía usando a menores, 23 por comercializar material y 10 porque contactos ilegales (a través de medios electrónicos) con niños menores de 18 años.
El Código Penal (art. 173) dice que la persona que use un medio electrónico o telemático para proponer un encuentro con una persona menor de 18 años será sancionada con uno a tres años de cárcel.
Pero para que el delito se concrete, esa propuesta debe acompañarse de actos encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica.
Cuando el acercamiento se obtenga a través de la intimidación, los culpables serán sancionados con pena privativa de tres a cinco años.
En cambio, si alguien suplanta la identidad y se acerca a un menor puede ser encarcelado de tres a cinco años.