Juan Pablo Pozo y consejeros del CNE se reunieron este 20 de marzo del 2017 con observadores internacionales para explicar detalles de la segunda vuelta electoral. Foto : Diego Pallero / El Comercio
Juan Pablo Pozo, titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), insistió en que la cadena de custodia del material electoral se ha respetado en todo el proceso electoral y que es una responsabilidad compartida entre la autoridad electoral y las fuerzas del orden, con actas de entrega recepción de todos los materiales y documentos.
Indicó que la seguridad integral de las elecciones no es improvisada y en esto lo respaldaron los jefes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unasur, y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).
“Hemos dispuesto que en el caso de la seguridad, con respecto a la integración de los paquetes electorales, no solo se dé al exterior del lugar donde se hace la integración, sino también en este momento se está haciendo al interior”, afirmó Pozo la mañana de este lunes 20 de marzo del 2017.
Alexander Vega, coordinador de la Misión de la Unasur, también respaldó la posición de Pozo y lamentó que se haya intentado poner en duda la labor del CNE y que sin presentar pruebas en la primera vuelta de haya incluso hablado de un posible fraude.
Dijo que las declaraciones del excomandante General del Ejército, Luis Castro, fueron desafortunadas y que al afirmar que se rompió la cadena de custodia también estaría aceptando su responsabilidad dentro del caso.
La campaña electoral
Diego Abente, coordinador de la Misión de la OEA, llamó a las organizaciones políticas, con o sin candidatos en la segunda vuelta, a llevar la campaña electoral con respeto y después a la prudencia para aceptar los resultados.
Apeló a que desarrollen su campaña con énfasis en las propuestas y evitar la descalificación que luego perjudicará a quien resulte electo. Vega dijo que aunque la campaña negativa no esté prohibida en la ley electoral, no puede generar desinformación.
Por eso hizo un llamado a los actores políticos a actuar con seriedad, porque lo que se diga en campaña afectará la imagen del siguiente gobierno frente al mundo y el prestigio del Estado ecuatoriano.
Pero agregó que en el caso de que se usen recursos públicos en la campaña lo dejarán en constancia en su informe final. Ya que utilizarlos en favor de una tienda política va en contra de los principios de la democracia.
Finalmente Pozo aclaró que el presunto uso de recursos públicos con fines electorales es una infracción de carácter jurisdiccional, en la que tiene competencia en Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y en ese caso puntual no abre procesos de oficio sino que tiene que esperar la denuncia de algún sujeto político o ciudadano.