En diciembre del 2016 Odebrecht -que está envuelta en casos de corrupción en Brasil y EE.UU.- solicitó a la Empresa Metro de Quito salir del consorcio. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
El documento de dos páginas está firmado por el juez de la Unidad Penal de Quito, Vicente Ribadeneira. Allí, el jurista ordenó a las instituciones públicas que “se abstengan temporalmente de realizar nuevos contratos con la constructora Norberto Odebrecht”. Esa resolución también rige para los municipios y las prefecturas a escala nacional.
Ribadeneira hizo este pronunciamiento luego de que el viernes 30 de diciembre del 2016 recibiera un pedido del fiscal de este caso, Wilson Toainga. El investigador adjuntó ocho hojas con detalles de la indagación previa 95-2016 abierta para descubrir el supuesto pago de sobornos por USD 33,5 millones a funcionarios de Gobierno.
El caso trascendió el pasado 21 de diciembre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la firma brasileña entregó coimas para recibir contratos en Ecuador. Por eso, el fiscal Toainga citó el Código Penal (art. 583) y pidió como “acto urgente” el pronunciamiento del juez.
La idea -indicó el fiscal en su escrito- es “impedir la consumación de un presunto cohecho”, delito que es penado con cárcel de uno a tres años (art. 280 del Código Integral Penal).
En el documento se indica además que en Ecuador, por “algunos contratos en ejecución” presuntamente “se habrían cancelado montos de dinero calificados de ilegales”.
Con base en esto, el fiscal Toainga aseguró que “sería una práctica consuetudinaria de la compañía, la entrega de dádivas para la obtención de contratos”. El pronunciamiento del juez Ribadeneira se produjo luego de conocer todos estos cuestionamientos.
Anomalías en el metro
El Municipio de Quito también se pronunció sobre el caso Odebrecht. En la tarde, el alcalde Mauricio Rodas convocó a una conferencia de prensa y en su cuenta de Twitter difundió un comunicado de 10 puntos en el que explicó cómo se realizó el contrato para construir la Fase II del Metro.
En el cuarto punto hizo una aclaración: “Nuestra administración ha celebrado el contrato (…) con el Consorcio hispano-brasileño Acciona–Odebrecht, que es una persona jurídica diferente a la empresa Odebrecht y que incluye la importante participación de la empresa española Acciona”.
De hecho, en septiembre del 2016, Acciona-Odebrecht solicitó oficialmente su reestructuración mediante la salida de Odebrecht, “cuyas acciones serían adquiridas en su totalidad por Acciona y sus filiales”.
El Alcalde además negó que el proyecto tuviese un sobreprecio de aproximadamente USD 490 millones.
Rodas difundió el contenido del informe del examen especial realizado por la Contraloría General a los estudios de la Fase II y que fuera notificado el 27 de diciembre pasado.
Allí se advierte lo siguiente: “El presupuesto referencial por Metro de Madrid S.A., contrastando con los resultados obtenidos en la licitación de la Fase II, resultó… entre 490 millones y USD 851 millones… menor que las ofertas presentadas, lo que confirma que estuvo subvalorado respecto de los precios de las empresas constructoras que presentaron sus ofertas…”.
El exalcalde de Quito, Augusto Barrera, explicó a este Diario que desconoce este examen y que no se pronunciará hasta leer el documento. Pero reconoció que, en efecto, el diseño, el financiamiento, la estructuración y el concepto del Metro es responsabilidad de su administración. “En un proyecto de esa magnitud nuestra responsabilidad contractual fue básicamente la estructuración del financiamiento con los multilaterales y básicamente la construcción de la Fase I, que son las dos estaciones intermodales”. Barrera recordó que por dos ocasiones aplazó la Fase II y pidió que la administración actual sea la que avance. “El contrato es firmado 19 meses después de que dejé de ser alcalde. Esa es la realidad de los hechos”.
Entre tanto, la Contraloría inició un examen especial a las declaraciones patrimoniales de Rodas. El martes, él envió una comunicación al Contralor subrogante y dijo que entregará toda la documentación.
En la mañana, los nueve concejales de Alianza País llegaron a la Fiscalía General para pedir una “investigación profunda” de las acciones de Odebrecht en el Ecuador desde 1987 hasta el momento.
Además, firmaron un “pedido expreso” para que el jueves 5 de enero se convoque a una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano para discutir sobre el tema Odebrecht. El alcalde Rodas confirmó en la tarde que esa sesión será el miércoles 4 de enero.