Buena parte de los proyectos financiados en el país por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) son ejecutados, de manera conjunta, por entidades del Gobierno y la sociedad civil.
Debido a esta acción combinada entre Estado y agrupaciones particulares , la Usaid no tiene datos sobre los porcentajes que se han destinado a cada uno de estos sectores, sino a cada proyecto.
No obstante, se estima que más del 50% del financiamiento que la entidad ha entregado a proyectos ha sido entregado a entidades gubernamentales.
Otro aspecto relevante es la concordancia que los programas guardan con el eje transversal de la políticas del oficialismo encasilladas en el ‘Buen Vivir’.
Pese a esa colaboración, desde julio, el Gobierno ha cuestionado que la forma en que la cooperación bilateral se ha canalizado en organizaciones no gubernamentales (ONG). Por ello, el 5 de julio, expidió el Decreto 812, que establece una nueva normativa para su trabajo y financiamiento.
Una reforma señala que las ONG no podrán “intermediar, implementar o ejecutar planes, programas o proyectos financiados con recursos de la cooperación internacional no reembolsable de fuente bilateral o multilateral, bajo sanción de terminación del convenio de funcionamiento”. La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, que depende de la Cancillería, debe poner en marcha estas reformas.