Los dos políticos tienen más de un elemento en común: fueron mandatarios de Ecuador, se ganaron la enemistad de León Febres Cordero y desde hace al menos una década afrontan juicios en la Corte por presunto mal uso de fondos públicos (peculado).
Alberto Dahik y Abdalá Bucaram salieron al exilio. Solo el primero pudo volver la semana pasada, luego de que la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia sustituyera la prisión preventiva. ¿Esta medida jurídica también se puede aplicar para Bucaram? “Todos son iguales ante la Ley y cada procesado tiene una serie de derechos y garantías que puede hacer uso de acuerdo con las circunstancias”, respondió el juez Hernán Ulloa, presidente de la Sala que falló en el caso del ex Segundo Mandatario.
No obstante, desde Panamá, Bucaram señaló ayer a este Diario que felicita a Dahik por su situación, pero que él no confía en la justicia de Ecuador. “Mis juicios fueron ordenados desde el Partido Social Cristiano, el señor León Febres Cordero y el abogado Jaime Nebot (…). No me he sometido a las cortes de los políticos ecuatorianos y no me someteré porque mi honor no tiene precio”, dijo.
Un poco antes de estas declaraciones, el juez Ulloa recibía a Dahik en la sala de audiencias, pues en la providencia del jueves se ordena que una vez en el país, el ex funcionario debía presentarse ante la Sala al siguiente día hábil.
De no cumplir esa disposición, los jueces podían dictar una nueva orden de prisión preventiva.
Dahik, sus hijos (Mateo y Cristina), amigos como Freddy Bravo, y su abogado Javier Vivas, llegaron en un auto plateado, con vidrios polarizados. “He venido a cumplir con la disposición legal”, dijo el ex funcionario en el sexto piso de la Corte (norte de Quito).
Tras certificar la presentación en la Primera Sala Penal, el inculpado habló cuatro minutos y dijo haber pedido el levantamiento de la orden de prisión, porque cree que “han desaparecido las condiciones de persecución que hubo en su momento”.
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Aunque aseguró que su intención no es discutir, polemizar o contestar, el ex Vicepresidente hizo una afirmación: “Por encima de los ruidos, las voces altisonantes, especulaciones, suspicacias, lo que el país tiene que recordar es que entre 1995 y el 2005 Ecuador emitióórdenes de prisión a seis mandatarios. Envió a uno a la cárcel y a cinco al exilio, algo no visto en ningún país”.
Segundos de silencio y la primera pregunta: ¿Es bueno aclarar ante el país qué pasó con los 20 000 millones de sucres (de Gastos Reservados)?, le interrogaron. “Venga a la audiencia y escuche”, respondió Dahid. Fue lo último que manifestó, salió de la Sala, tomó un ascensor y se fue.
En el lugar solo quedó el juez Ulloa. Se acomodó en la mesa y lo primero que hizo es reconocer que su decisión causó“algunos comentarios de mala fe y desconocimiento jurídico no solo del proceso, sino de la Constitución”.
De hecho, una vez conocida la providencia, Fernando Casares, fiscal que en 1995 acusó a Dahik, dijo que el pronunciamiento de Ulloa tiene irregularidades y que destruye la seguridad jurídica.
El ex fiscal advirtió que legalmente no se podía levantar la orden de prisión. “Esa figura forma parte del auto de llamamiento de plenario, no es la prisión preventiva que dicta el juez. Por tanto no se podía levantar”. Casares insistió en que Dahik sí cometió irregularidades en el manejo de fondos y recordó que allí estaban implicados sus ex colaboradores.
Las críticas también llegaron de Carlos Solórzano, quien en 1995 fue presidente de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ordenó la prisión de Bucaram.
“Bajo ese criterio también vendrá (Abdalá) Bucaram, (Jamil) Mahuad, Ana Lucía Armijos, Augusto de la Torre, es decir, todos los que perjudicaron en otro momento al Estado ecuatoriano. Entonces, ya no tienen ninguna sanción. ¿Para qué los juicios penales?”, se preguntó el jurista.
Por comentarios como estos, Ulloa aseguró que la sustitución de la prisión preventiva está en la Constitución del 2008.
En la providencia se determinó que incluso la Fiscalía avaló el pedido de Dahik. Pero ayer, el fiscal general, Galo Chiriboga, aclaró que el pronunciamiento “es competencia del juez”.
Antes de acudir a la Corte Nacional, temprano en Guayaquil el ex Vicepresidente llevó a su papá, Alberto Dahik Safadi, a la Clínica Guayaquil, ubicada en el centro.
El motivo de la cita médica era una sesión rutinaria de hemodiálisis, se informó en la casa de salud. Sin embargo, la visita al centro médico estuvo acompañada con una versión que circuló en medios locales: que al hombre de 92 años le había dado un preinfarto. Pero luego este dato fue desmentido por los galenos.
El doctor Roberto Gilbert, director del centro médico, contó que la salud de Dahik Safadi “es estable”. Además explicó que debido a los problemas renales que el padre del ex funcionario padece, debe realizarse hemodiálisis tres veces a la semana.
“Él viene todos los lunes, miércoles y viernes para su tratamiento. Esta vez lo trajo su hijo, el ex Vicepresidente”, expresó el especialista a los medios de comunicación. Además explicó que el tratamiento consiste en “lavar la sangre” con una máquina, debido a que sus riñones ya no cumplen con esa función.
Cuando el ex vicepresidente llegó a Ecuador, después de 16 años de autoexilio en Costa Rica, sostuvo que se iba a concentrar en velar por la salud de su papá y en preparar su defensa.
Él dejó el país el 11 de octubre de 1995, cuando se ordenó su captura porque, supuestamente, 20 000 millones de sucres de los Fondos Reservados de la Vicepresidencia aparecieron en sus cuentas financieras.
Ayer, antes de viajar a Quito, el ex funcionario salió de la Clínica junto a su hermana menor Evelyn Dahik. Ella reside en Miami, pero se encuentra en el país desde hace un mes por una recaída en la salud de su papá.
La salida del país
Ayer, el presidente de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Hernán Ulloa, aclaró que no tiene razón de ser la prohibición de salida del país de Alberto Dahik.
No obstante, el judicial aseguró que el ex Vicepresidente debe acudir cada 15 días ante la secretaría de la Sala Penal.
Según el fiscal general, Galo Chiriboga, es el presidente de la Primera Sala de lo Penal, quien, como juez, “tiene todas las atribuciones y facultades para resolver lo solicitado por Dahik”.
En la providencia en favor del ex segundo Mandatario se indica que la prisión preventiva se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena. Además se dice que esta figura no procede cuando el inculpado ha pedido comparecer ante la Justicia.