El bloque oficialista de la Asamblea quiere aprobar el proyecto de Ley de Comunicación, un tema que ha sido el centro de la tensión política en los últimos dos años y tres meses.
Mañana se iniciará en el Pleno la discusión en segundo debate de este proyecto. Ni gobiernistas ni oposición pueden asegurar tener los 63 votos para aprobar la ley, pero quienes cuestionan esta iniciativa sienten que el tema entró en cuenta regresiva.
La razón: si el documento llega a ser aprobado, el Presidente de la República tiene en sus manos la posibilidad de vetarlo con los cambios que él desee, neutralizando así a la oposición que difícilmente podrá reunir 83 adhesiones para dejar de lado las objeciones que lleguen del Palacio.
Para Fausto Cobo (PSP), uno de los asambleístas que se ha abanderado de este proyecto, la estrategia del Régimen es marcar sus conceptos en Carondelet. Así, advierte que por más que el oficialismo desee suavizar los textos del proyecto, durante su discusión en segundo debate, la oposición debe insistir en su deseo de archivar la ley y redactar un nuevo texto.
César Montúfar (Concertación) comparte este criterio: “Aún estamos a tiempo, cualquier desliz puede marcar para siempre el futuro de la libertad de expresión en el Ecuador”.
Su tesis parte de que en dos años y tres meses el oficialismo mostró poco interés por llegar a un consenso sobre este tema. “Se irrespetó el acuerdo político de diciembre del 2009 y los nuevos acercamientos después de la consulta popular de mayo pasado. La Asamblea no ha puesto interés en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país y ha pasado por alto las reflexiones que la Unesco o Reporteros sin Fronteras han hecho dentro de este debate. ¿Por qué debemos pensar que esta vez, en un debate de dos días, sí se respetarán los cambios?”.
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ha cuestionado que detrás de estos temores se esconde el interés de que en el fondo no se apruebe nunca esta ley, a pesar de que se trata de un mandato constitucional, ratificado en la última consulta popular.
Por ello, más bien ha insistido en que el nivel de consenso que refleje la Legislatura en este debate será la mejor manera de garantizar que la ley no sufra cambios radicales durante el veto.
Para Cobo y Montúfar estos anuncios deben ser tomados con pinzas, tomando en cuenta que las restricciones a la libertad de expresión y de prensa se palpan en diversas leyes: Participación Ciudadana, Control del Mercado, el futuro Código Penal y el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, aún en análisis.
El presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, Mauro Andino (A. País) insiste en que el debate de la ley ya no puede tener más dilatorias, al tiempo que Montúfar confía en que las 63 firmas que consiguió para exigirle al Gobierno a que invite a la CIDH es un parámetro que indica la correlación de fuerzas.
Pero Alianza País tiene 55 votos seguros y la posibilidad de negociar al menos 10 votos de los llamados aliados, sin contar con el PRE. Pero muchos de estos cuadros se han mostrado críticos con la ley de medios. Por ejemplo, Gerardo Morán, Scheznarda Fernández, Alfredo Ortiz, Gioconda Saltos, entre otros.
Fernández firmó el pedido de Montúfar así como los alternos de Ortiz y Morán. “El futuro de la libre expresión depender de uno o dos votos; esos serán los verdaderos responsables”, señaló.