Los asambleístas emitieron un informe sobre la ley que permitirá el cierre definitivo de las universidades de categoría E. Foto: EL COMERCIO
Ocho asambleístas votaron a favor y dos en contra del informe sobre el proyecto que intenta cerrar las universidades de mala calidad. Los legisladores confían en que la iniciativa sea aprobada por el Pleno de la Asamblea antes de la vacancia legislativa.
El proyecto consta de 16 artículos, tres disposiciones generales, una transitoria, dos derogatorias y una final. En este marco legal se establecen las reglas para terminar con las universidades y escuelas politécnicas que fueran suspendidas, en el 2012, por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (Ceaaces). Con este proyecto se cerrarán 14 centros de estudio que no prestan las condiciones mínimas para garantizar la calidad.
Los centros cerrados son:
1. Universidad Interamericana del Ecuador
2. Universidad Panamericana
3. Universidad OG Mandino
4. Universidad José Peralta
5. Universitas Equatorialis
6. Universidad Tecnológica América
7. Universidad Alfredo Pérez Guerrero
8. Universidad Cristiana Latinoamericana
9. Escuela Politécnica Javeriana del Ecuador
10. Universidad Autónoma de Quito
11. Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica
12. Universidad Intercontinental
13. Escuela Superior Politécnica Ecológica Profesor Servio Tulio Montero Ludueña
14. Universidad Tecnológica San Antonio de Machala
En abril del 2012, 14 centros de estudio fueron clausurados al ser colocados en la categoría E, que incumplía con estándares de calidad evaluados por la Ceaaces. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
En el artículo 3 del proyecto, las instituciones de educación referidas tienen la obligación de constituir un fideicomiso mercantil de administración que estará bajo la tutela de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Este fondo recogerá los activos y bienes de los 14 centros de estudios para destinarlos al pago de obligaciones de los extrabajadores. No se establece en el proyecto el pago a exdirectivos, expatrocinadores o exrepresentantes de las universidades suspendidas.
En el artículo 41 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se indica que se deben precautelar los derechos de los trabajadores de las universidades extintas, pagar los pasivos a favor del sector público y las acreencias. Habrá un plazo de 60 días para que los acreedores presenten los respaldos para cobrar. El monto a pagar no podrá superar los 150 salarios básicos. Si hubiese una deuda mayor al monto señalado, se la reconocerá siempre y cuando exista una sentencia ejecutoriada antes de la aprobación de la ley.
El asambleísta Antonio Gagliardo, miembro de la Comisión, comentó que hay profesores, personal administrativo o acreedores que están impagos. Con el fideicomiso se lograría tener una respuesta a esta urgencia económica.
El asambleísta Raúl Abad, presidente de la Comisión y proponente de la propuesta, comentó que es necesario tener una ley para extinguir las universidades ya que estas fueron creadas mediante ley por el que fuera el Congreso Nacional (excepto la Escuela Politécnica Javeriana que se constituyó mediante Decreto Ejecutivo).
Tras cumplir con los pagos a los trabajadores, el excedente será invertido en los centros de educación superior públicos y privados que se mantienen en funcionamiento.
Las universidades que serían beneficiadas son el Instituto Tecnológico Superior Aloasí, Universidad de Cuenca, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Universidad Técnica del Norte, Instituto Tecnológico Superior Beatriz Cueva de Ayora, Instituto Tecnológico Superior Luis Rogerio González, Universidad Técnica de Machala, Universidad Central del Ecuador, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y Universidad Nacional de Chimborazo.
Abad dijo que están tomados en cuenta estos centros porque fueron los que más aportaron para cumplir con el plan de contingencia que empezó en el 2012. Los estudiantes de los centros suspendidos tuvieron que salir a otras universidades acreditadas, sobre todo a las nombradas en este artículo.
Gagliardo se muestra optimista y espera que la ley sea aprobada por el Pleno de la Asamblea después del feriado de Carnaval. Con esto, añadió Abad, se cerraría uno de los capítulos más difíciles en la educación superior.