Todo parece indicar que el paso de los días terminará por enterrar el reciente escándalo judicial, a propósito del cruce de fallos que ha neutralizado la presidencia de Benjamín Cevallos en el Consejo Nacional de la Judicatura.
Sectores de la esta institución del Estado, así como el Gobierno, consideran que con la llegada de la Comisión Tripartita que, tras la consulta del 7 de mayo, se hará cargo de la Judicatura para iniciar con la reestructuración de la justicia por 18 meses.
Según los cálculos del presidente Rafael Correa, eso ocurrirá hasta el jueves o viernes de esta semana.
El jurista Rafael Oyarte es un tanto pesimista con los plazos. Cree que si bien los resultados de la consulta se darán a conocer el lunes, su publicación en el Registro Oficial tardará algunos días. Además, dice que aún está pendiente que Correa suscriba el decreto con el cual oficialice a Paulo Rodríguez como su delegado en la Tripartita. Y que la Asamblea y la Función de Transparencia escojan a sus representantes, para lo cual no hay una fecha exacta.
En consecuencia, advierte la posibilidad de que se produzca un vacío de poder en la Judicatura que pudiera entorpecer las decisiones administrativas dentro del Poder Judicial.
En el Gobierno hay la certeza de que los tres nombres estarán listos en esta semana. Incluso advierten que mañana la Función de Transparencia comenzará a elegir a su delegado. La Asamblea lo hará hasta el jueves.
Ante ese calendario, el vocal de la Judicatura, Ulpiano Salazar, cree que ya no queda nada más por hacer. Sin embargo, responsabiliza a Benjamín Cevallos de haber debilitado la institucionalidad de la Judicatura, por haberse enfrascado en un cruce de fallos que tenían un carácter exclusivamente personal. Sobretodo porque los días de la Judicatura están contados.
Correa culpó a la “partidocracia” de haber dilatado, a punta de impugnaciones, la oficialización de los resultados de la consulta popular. Por ello, explica que se ha extendido una Judicatura “sin liderazgo e inmersa en unas peleas vergonzozas”.
Oyarte contradice a Salazar, tras recordarle que la prorrogación de funciones está amparada en la ley, pues una función pública no puede quedar descabezada por efectos de un período de transición. Bajo esa perspectiva, pide a la Corte Constitucional (CC) que tome partido de inmediato en este cruce de fallos. “La Corte puede actuar de oficio y dirimir”.
Dice que el juez Coba, en el fallo con el cual destituyó a Cevallos, ignoró un dictamen anterior de la CC, que advertía que un juez no puede sacar de su cargo a una autoridad de mayor rango.
Lamentablemente, el jurista asegura que los magistrados constitucionales se pronunciarán sobre hechos consumados.
Ayer el juez Coba evitó dar comentarios. Su secretaria advirtió que no habrá declaraciones a la prensa para evitar que el funcionario cometa prevaricato en relación con sus fallos.
La cronología
29 de junio
Benjamín Cevallos suspendió a los jueces del Tribunal II de lo Penal de Pichincha, porque este se conformó de manera ilegal. El caso Rolando Tapia, en el limbo.
Lunes 4
Santiago Coba destituyó a Cevallos de su cargo, aceptando una acción de medidas cautelares presentada por el juez Juan Pablo Hernández.
Miércoles 6
Cevallos es impedido de ingresar a su despacho. El Ministerio del Interior dio la orden a la Policía, reconociendo la validez del fallo de Coba que
lo sacó de la Judicatura.
Viernes 8
El juez Efrén Lara (Guayas) restituye a Cevallos, quien vuelve a su despacho. En la noche, Coba se ratifica en su fallo y trata de impedir de nuevo su ingreso a la Judicatura.