El Consejo Transitorio de la Judicatura no será el único teatro de operaciones desde donde el Gobierno aplicará su esquema de reestructuración de la Justicia. En la Fiscalía General de la Nación, a propósito de la salida de Washington Pesántez y la llegada de Galo Chiriboga, también habrá cambios.
Al igual que sucede con los delegados de la Judicatura temporal, el fiscal Chiriboga es un hombre cercano a Rafael Correa. Fue su abogado personal en el caso que siguió contra Banco del Pichincha, Ministro de Recursos no renovables desde julio el 2007 hasta octubre del 2008 y Embajador en España desde enero del 2010 hasta hace pocos días.
Por eso, sus primeros mensajes dejan entrever que el Ministerio Público también combatirá a la inseguridad ciudadana, una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos.
Chiriboga anunció una modernización en la administración de justicia. Enlazará puentes con la Judicatura para un trabajo coordinado, mejorará la investigación penal, la infraestructura, adoptará tecnologías y mejorará los canales de comunicación. Su objetivo: evitar la impunidad y agilitar los procesos investigativos.
En términos políticos, son pocos los obstáculos que pudieran impedirle al nuevo Fiscal cumplir con estos propósitos. Fue el candidato favorito del presidente Correa durante el accidentado concurso público. Y, a diferencia de la mala relación que Pesántez llevaba con José Serrano (ministro de Justicia y luego del Interior), la amistad con Chiriboga es evidente. Serrano ha sido siempre un aliado del nuevo Fiscal y aquello se ha reflejado en su ascenso político, desde el gobierno de Alfredo Palacio (2005-2007).
La llave Serrano-Chiriboga es fundamental en los próximos 18 meses. El primero manda en la Policía y el segundo en los fiscales. De su trabajo conjunto dependerá que las capturas de presuntos delincuentes, por parte de la Fuerza Pública, sean debidamente investigadas por los fiscales y la Policía Judicial.
El jurista Fernando Casares sostiene que la buena relación Fiscalía-Gobierno será positiva, en el sentido de que se podrá coordinar capacitaciones y porque se agilitará la entrega de recursos. Chiriboga reconoce que existirá un aumento en los presupuestos para los próximos años.
En el 2007, la Fiscalía tuvo USD 42 millones y en el 2010 el rubro se duplicó y se ubicó en USD 82 millones. En este sentido será María Elsa Viteri (ex ministra de Finanzas) la que se encargará de manejar la parte administrativa de la Fiscalía.
Fernando Yavar, de la Comisión Tripartita, dice que dentro del sistema judicial se produce actualmente un “círculo vicioso”: la Policía en muchas ocasiones no investiga bien los casos, los fiscales no están debidamente preparados en materia penal y por lo tanto los casos llegan mal estructurados.
Es el cortocircuito que hay en el eslabón de la larga cadena de inseguridad ciudadana que produce cifras alarmantes: un ensayo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas afirma que entre el 2005 y 2008 se denunciaron 646 451 casos en el país, de los cuales hubo sentencia en 7 930 procesos. El anterior fiscal, Washington Pesántez, durante los 44 meses de su gestión implementó cambios cuyo objetivo fue bajar estos críticos índices.
En el informe de labores del 2007 al 2010, se determinó que se recibieron 225 000 denuncias por año, de las cuales se inició la indagación en el 80% de los casos y de estos se formuló cargos en el 14% de los delitos denunciados. Significa que de cada 10 denuncias se formulan cargos en una.
Chiriboga desea mejorar esa cifra. Critica que “los fiscales no disponen de instrumental tecnológico suficiente y de conocimientos en investigación que permitan que su trabajo sea más eficiente”. Por ello advierte que realizará todo un trabajo de “reingeniería”, mejoramiento tecnológico y capacitación permanente.
Con este diagnóstico, Chiriboga busca convencer que la Fiscalía bajo su mando tendrá un ritmo propio. A Pesántez se le recordará por ser el Fiscal de las obras de infraestructura, recuerda un alto funcionario del Ministerio Público. Pero también fue el Fiscal de los discursos políticos, mejor aliado de las juntas del campesinado, así como el funcionario que salió victorioso de un juicio político en la Asamblea. Dejó su cargo cuestionando a Serrano por su supuesta interferencia.
Chiriboga insiste en que la Fiscalía requiere de una nueva reestructuración y no piensa hacer olas con Carondelet. Aquí es donde nacen algunas preocupaciones. Los juristas Gustavo Medina, Santiago Guarderas y Fernando Casares tienen el temor de que la reestructuración obedezca a intereses políticos y no técnicos.
Para Medina el reto que tendrá el nuevo Fiscal es buscar que sus actuaciones sean independientes de “cualquier tipo de influencia”. Eso se evidenciará en el tratamiento de casos polémicos como Palo Azul, La demanda de supuesto genocidio contra Correa y la supuesta entrega de aportes por parte de las FARC.
Yavar dice que es un momento judicial importante y que la Fiscalía debe modernizarse para que los casos lleguen bien estructurados a las cortes y se los pueda sustanciar rápidamente y dictar sentencias antes de que se cumplan los plazos de caducidad.
Con este escenario el Régimen se aseguró que las directrices de los principales organismos involucrados en la administración de Justicia estén alineados.
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