Los indígenas de la comunidad de El Topo, en Otavalo, liberaron a Manuel G., a las 23:00 de anteayer. A él le acusan de transportar en su camioneta los electrodomésticos y animales robados en las comunidades de la parroquia San Pablo, por una supuesta banda.
Él estaba retenido por los comuneros junto con Fausto C., Germán P. y Elías T. Estos tres últimos cumplieron ayer nueve días de detención en la comunidad por ser los supuestos responsables de los robos.
Para ser liberado, Manuel G. tuvo que dejar como garantía su camioneta Mazda y firmar una letra de cambio. Con ello, los comuneros quieren asegurarse de recuperar las pérdidas por robos que han sufrido y que, dicen, bordean los USD 60 000.
En tanto, Fausto C., Germán P. y Elías T. hasta ayer permanecían encerrados en la casa comunal de El Topo, por décimo día, aunque los dirigentes aseguraron que están por voluntad propia, mientras el “gobierno comunitario de El Topo aplica la justicia indígena”.
Los tres implicados fueron bañados y ortigados, como parte de la sanción, a la que los indígenas califican de ritual de limpieza. El sábado caminaron 3 kilómetros desde El Topo hasta San Pablo, cargando a sus espaldas tanques de gas y otros productos que habrían robado.
Cientos de indígenas que portaban látigos y ramas de ortiga custodiaban a los sospechosos. El grupo recorrió las calles de la cabecera parroquial de San Pablo. Se mostraban amenazantes. Incluso ortigaron a jóvenes que intentaban fotografiar con sus celulares y a otras personas que estaban en su camino. El fotógrafo Vicente Andrade, de 61 años, cayó y se rompió la cabeza cuando varios indígenas intentaron quitarle la cámara con la que captó varias imágenes.
Finalmente, frente a la iglesia de San Pablo, el presidente de El Topo, Camilo Anrango, y otros dirigentes presentaron a los tres detenidos y a Manuel G. como “los sospechosos que azotaban en la zona”. Los detenidos se encontraban con el dorso desnudo y la mirada hacia el piso.
Los dirigentes pidieron que se presentaran las denuncias para ellos resolver otros casos.
Ayer, el gobierno comunitario de El Topo remitió a la Policía “una orden de captura” contra Guillermo A., propietario de otra camioneta, en la que también presuntamente se movilizaron productos robados. El documento está firmado por Camilo Anrango, presidente, y Gabriel Casco, secretario de la comunidad de El Topo. Pero los uniformados no acataron.