El incremento del 100% de la tarifa del agua potable aprobada -hace tres semanas por el Directorio de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones y Agua Potable de Cuenca– será progresivo durante 180 días. En ese tiempo deberá levantarse un catastro social de las familias que viven en situación de vulnerabilidad.
El nuevo tarifario, aprobado hace tres semanas por el Directorio, fijó un aumento del 100% del costo del metro cúbico del agua para los clientes de la categoría residencial, que son el 66% de las 116 conexiones que tiene la empresa Etapa. Con esto, el costo del metro cúbico pasó de USD 0,20 a 0,40 centavos desde el presente mes de mayo.
Pero en la reunión de las autoridades mantenida durante la noche del 19 de mayo del 2015 se aprobó que en este mes de mayo solo se incremente en un 50% el metro cúbico, en junio que llegue al 75% y en julio al 100%. La razón es para evitar un efecto fuerte a la economía de las familias pobres y vulnerables, que generalmente viven rentando y a quienes sus propietarios ya les han anunciado un aumento del arriendo.
A los beneficiarios de este subsidio se les congelará la tarifa que rigió hasta abril pasado. Es decir, no tendrán incremento. Esa población -que incluye a las madres jefas de hogar, personas con capacidades especiales, adultos mayores y familias pobres, será identificada con una investigación socio-económica que realizará el Concejo de Derechos y la Universidad Politécnica Salesiana.
Asimismo, se creará el sistema municipal solidario de accesibilidad universal e inclusión económica y social, que contendrá ese catastro para que las familias se beneficien de subsidios en todos los servicios de la corporación municipal (empresas municipales, fundaciones…).
A partir de este 21 de mayo, las autoridades municipales darán a conocer los detalles de los documentos que deberán presentar las personas que están dentro de estos segmentos y que desean acogerse al subsidio. Según alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, este proceso también les permitirá identificar a las familias que no son pobres y que están pagando tarifas subsidiadas.
De forma paralela, también reformarán las ordenanzas para sancionar el gasto excesivo del líquido vital y el alcance de los beneficios económicos para las personas vulnerables y pobres.