Mauricio Rodas, Augusto Barrera y Paco Moncayo. Fotos: Archivo/ EL COMERCIO
El esquema de alianzas público-privadas para la ejecución de obras es una forma de trabajo vigente en la Alcaldía quiteña. Este sistema se ha aplicado, en diferentes niveles, en esta y en las dos últimas administraciones: Paco Moncayo (2000-2009), Augusto Barrera (2009-2014).
La Alcaldía del primero fue marcada por la gestión de corporaciones con fuerte componente privado. Esto cambió con Barrera, que eliminó estas entidades y creó empresas públicas, una vez que la Constitución estableció que los servicios básicos deben regentarse desde lo público.
El modelo de convenios Municipio-empresa privada está regulado y establecido en la Ordenanza 406 y el Decreto Ejecutivo 580, emitido en febrero del 2014. Para que se establezcan hay algunos parámetros, entre ellos, que el proyecto a ejecutar cuente con informes técnicos, económicos y legales.
Estos acuerdos no solo implican una inversión económica del lado privado, también se pueden dar con la academia. Pablo Beltrán, experto en política pública, explica que en este proceso hay una trilogía: mercado, gobierno y empresa. Y cuando el proceso es transparente, el resultado es el bienestar de la ciudadanía.
Tres proyectos que requieren de inversión privada
En la actual administración municipal, que hoy 14 de mayo, cumple un año, la alianza público-privada es el modelo principal de trabajo desde el inicio de la gestión. Para ejecutar obras, el alcalde Mauricio Rodas ha manifestado el interés de aplicar la Ordenanza 406, aprobada en el período de Augusto Barrera.
Los principales planes previstos bajo esta cooperación son: cuatro líneas de metrocables, ruta alterna al túnel Guayasamín y el Centro de Convenciones Bicentenario.
Para el primero, la inversión prevista es de USD 550 millones y se busca que sea desde la empresa privada. Aún no hay organizaciones definidas para participar en el proyecto, que llegará a sectores del centro, sur y norte de la urbe.
Para la ruta opcional al túnel que une al valle de Cumbayá con Quito, que irá desde la plaza Argentina hasta el peaje, el Municipio maneja un presupuesto referencial de USD
67 329 706. En este caso, hay un proyecto de licitación que este año fue declarado desierto. De acuerdo con datos del Municipio, por fallas en el proceso en el portal de Compras Públicas.
Para el Centro de Convenciones en el antiguo aeropuerto, el monto requerido es de alrededor de USD 40 millones. El proceso para la intervención arrancó en la administración de Barrera, pero no se concretó. A decir de Juan Carlos Holguín, secretario de Productividad del Municipio, este es uno de los planes prioritarios en el eje de turismo de negocios y convenciones.
Una de las desventajas de no haber concretado el proyecto es que, desde el Gobierno, el sitio ya no está considerado para el congreso de las Naciones Unidas – Hábitat III, en el 2016. Según la ministra de Vivienda, María los Ángeles Duarte, en una entrevista anterior dada a este Diario, se requiere que el sitio esté listo este año, pues el equipo que se encargará de la adecuación de los espacios llegará en los próximos meses.
En uno de los frentes donde ya se ha efectivizado la alianza es en la reconstrucción de la parada del trole de la Plaza del Teatro, en coordinación con una entidad bancaria. Pueden participar grandes empresas o pequeños negocios.
Está en marcha la captación de inversión para remodelar 105 andenes más. La intervención cuesta entre USD 100 000 y
140 000. En otros niveles de intervención, por ejemplo, la Unidad de Espacio Público del Cabildo tiene a cargo impulsar el apadrinamiento de áreas verdes en la ciudad. Una de las primeras empresas interesadas tomó a su cargo el mantenimiento del parque Suecia (sector Quito Tenis). El presupuesto anual que la entidad invertirá es de USD 55 000.
Para Holguín, al igual que lo ha manifestado el alcalde Mauricio Rodas, es imperativo entablar estos acuerdos, más aún si el presupuesto municipal determina que se cuenta con solo USD 400 al año por ciudadano, para obras y servicios, entre otras necesidades.
Una gestión más inclinada hacia lo público
En la Alcaldía de Augusto Barrera no se cortó la cooperación público-privada, pero en varios frentes se restituyó “el principio de autoridad del Municipio”, como puntualiza el exburgomaestre al referirse a procesos como la liquidación de las corporaciones y la creación de empresas públicas.
Se creó la normativa que establece el régimen de cooperación público-privada. Se terminó la renegociación de la construcción del aeropuerto y se estableció un modelo en el que, sin romper la alianza, se dio la valorización de las tasas aeroportuarias y cuánto debía recibir el Municipio.
Fueron 5 300 obras, entre las que se destacan, bajo el esquema público-privado, la construcción de tres intercambiadores: Los Bañistas, vía Interoceánica con la Ruta Viva y El Ciclista. La empresa privada invirtió en las obras e hizo centros comerciales, como Paseo San Francisco.
Otro eje fueron las intervenciones en edificaciones patrimoniales, por ejemplo, se plantearon tres proyectos turísticos en la Casa Mejía, Pérez Pallares y Cadisan. Arrancó el modelo para la adecuación del Centro de Convenciones Bicentenario (no se concretó).
El Campus Party entra en esta línea, así como la instalación de la conexión ‘wifi’ en plazas.
Las corporaciones fueron el modelo de ejecución
Los elementos más visibles de la relación público-privada en la administración del general Paco Moncayo fueron las corporaciones, entre ellas: Vida para Quito y Corpaire.
Aunque estas entidades fueron cuestionadas por muchos, según Moncayo hay que tener claro que eran corporaciones municipales, con la participación de distintos niveles de gobierno, como la de Desarrollo Urbano y la encargada del aeropuerto. En esta última, según Moncayo, había representantes de la Aviación Civil, Ministerio de Comercio, el Alcalde, concejales… y los privados.
Los proyectos más emblemáticos, bajo este modelo, fueron: Teleférico, aeropuerto (renegociado en el período de Barrera, con una inversión de unos USD 700 millones), la implementación del sistema de revisión técnica vehicular y la recuperación de la ribera del río Machángara. Esta última obra estuvo a cargo de lo que fue Vida para Quito.
En el Teleférico, el Municipio puso el terreno, que antes ocupaba una fábrica de asfalto. La inversión privada para la construcción fue de USD 6 millones y a esto se suma el parque de diversiones.
También se dio la concesión a privados, la operación del Corredor Central Norte, la misma que terminará en el 2017.