Estudiantes detenidos por protestas en el Colegio Mejia. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Para mañana, martes 14 de octubre, los estudiantes del Instituto Nacional Mejía desarrollarán una marcha desde el Colegio de Abogados de Pichincha hasta la Fiscalía provincial. En esa dependencia presentarán una denuncia por los presuntos abusos que sufrieron por parte de agentes de la Policía Nacional durante las protestas del 17 y 18 de septiembre.
Mauricio Chiluisa, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios (Fese), dijo a este Diario que actualmente hay 110 estudiantes de diversas entidades educativas de Quito a los que se les abrió procesos disciplinarios. 68 son del Colegio Mejía. Según el dirigente, todos fueron suspendidos durante 15 días -mientras duran las investigaciones- y no pueden ingresar a sus planteles.
Las indagaciones que efectúan las autoridades de las instituciones educativas tienen como fin determinar si los alumnos participaron o no en las protestas del 17S y 18S. Los estudiantes se exponen a dos tipos de sanciones académicas si se comprueba que estuvieron entre los manifestantes: la suspensión temporal no mayor a 30 días o la reubicación en otro colegio. Esas medidas se establecen en la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
La marcha de mañana será a partir de las 09:00. José Alomía, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, mencionó que el gremio acompañará a los jóvenes a presentar la denuncia. Actualmente, ese gremio asesora legalmente a unos 50 estudiantes. Alomía confirmó que “inmediatamente después (de la notificación de la apertura de procesos disciplinarios) se les suspendió” a los alumnos por 15 días y no pueden ingresar a las aulas.
El abogado añadió que los estudiantes se reunieron esta mañana con autoridades del Colegio Mejía. En la cita se definió el mecanismo de estudio de los jóvenes sancionados. El miércoles, ellos deben acudir al plantel y retirar las tareas para presentarlas días después.
Entre los alumnos con procesos de investigación están menores y mayores de edad. Los últimos pertenecen al grupo de estudiantes que abandonó el Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito, el 3 de octubre pasado.