El ataque conjunto de policías y sicarios mexicanos contra estudiantes que precedió a la desaparición de 43 de ellos en Iguala (sur) ha indignado a México, donde el terrible suceso es visto como ejemplo de la connivencia abierta entre autoridades y crimen organizado.
Hacía tiempo que no se veía llorar a los mexicanos en una manifestación, pero la emoción se desbordó el miércoles en la multitudinaria marcha capitalina encabezada por familiares y compañeros de los estudiantes de una combativa escuela rural de magisterio, desaparecidos desde hace casi dos semanas.
Cada vez es más fuerte el temor de que los jóvenes hayan sido asesinados después del hallazgo este jueves (9 de octubre de 2014) de cuatro nuevas fosas clandestinas cerca de Iguala donde, según detenidos, hay estudiantes enterrados.
Testigos del ataque del pasado 26 de septiembre, en el que murieron tres estudiantes y otras tres personas, han asegurado que la última vez que se vio a los universitarios fue en patrullas de la policía de este municipio del violento estado de Guerrero.
Dolor, rabia y vergüenza son las tres palabras que se repiten en la prensa mexicana para resumir los sentimientos que prevalecen hacia el caso, en un país acostumbrado a saber de atrocidades desde que arrancó el combate militar contra el narco en 2006.
Dolor por los jóvenes desaparecidos, rabia contra las autoridades y vergüenza por un México que es cuestionado y presionado internacionalmente, desde la ONU a Estados Unidos pasando por organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, para esclarecer los hechos.
La imagen presidencial, en juego
Especialmente perjudicada por el asunto está la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto, que había puesto como una de sus prioridades la baja de la criminalidad y el respeto de las fuerzas de seguridad a los derechos humanos.
El presidente se sintió obligado este jueves a mostrar públicamente su lado más humano tras haber ofrecido un mensaje breve y seco el lunes (6 de octubre de 2014), después de que se descubrieran las primeras fosas con 28 cuerpos que podrían ser de estudiantes.
“Se trata de un hecho verdaderamente inhumano, prácticamente un acto de barbarie que no puede distinguir a México ni pueden ocurrir eventos como el que ha ocurrido en Iguala”, expresó este jueves Peña Nieto.
El problema para el mandatario, que ha querido marcar un cambio de estilo después de la publicitada “guerra contra el narco” de su predecesor Felipe Calderón (2006-2012) , es que Iguala y el caso de Tlatlaya (centro) -donde 22 presuntos criminales fueron masacrados por militares- anulan en gran parte sus anuncios sobre una disminución de la violencia o los operativos exitosos como la reciente captura de dos importantes capos.
“De nada sirve señalar que los homicidios están bajando si algunos casos muy sonados generan la percepción contraria”, escribía este jueves el analista Sergio Sarmiento en su columna en el diario Reforma.
Pero, en el caso de Iguala, sobre todo “se evidencia el emponderamiento del crimen organizado”, dijo a la AFP la analista política Alejandra Cullen.
“Se ha rebasado un límite”, estima Cullen, al subrayar que hubo la implicación directa de la policía, la ayuda del cártel local Guerreros Unidos y la pasividad del alcalde de la ciudad, fugado desde hace más de diez días junto a su mujer y el jefe de seguridad local.
La impunidad reina
Para la izquierda opositora, tradicionalmente crítica con la corrupción en el poder, se trata de un verdadero golpe porque el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, era miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) .
Los dirigentes de este partido se desplazaron esta semana a Iguala para pedir disculpas públicas por haber postulado a Abarca como candidato en 2012 con el apoyo activo del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, también del PRD.
Resultó significativo que Cuauhtémoc Cárdenas, el líder histórico del PRD e hijo del recordado presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) , fuera expulsado el miércoles (8 de octubre de 2014) de una masiva marcha de protesta por las desapariciones en Ciudad de México.
Algunos manifestantes lanzaron objetos al octogenario Cárdenas alegando que no querían políticos en el evento. El presidente Peña Nieto repitió este jueves que el caso de Iguala “no puede quedar impune”.
Pero, como lo subraya el especialista en asuntos de seguridad Alejandro Hope, este crimen ha sido posible porque “en México, la impunidad es reina”, con el 93% de los delitos y el 80% de los homicidios sin resolver.
Para Alejandra Cullen, la base de esta impunidad arranca con “el lazo de colaboración entre criminales y autoridades”.