Por muchos años se cuestionó el paternalismo de las leyes de los encargados de aplicarlas, al presumir que el peatón siempre ha sido la víctima en los cotidianos accidentes que ocurren en las vías. Esa era la principal razón que llevaba a la sociedad a satanizar a quienes van al frente de un automóvil.
No significa aquello que los conductores estén libres de responsabilidad, sino que, como toda legislación democrática y plural, esta debe ser equitativa para que todos los ciudadanos se amparen en ella y tengan el derecho de reclamar las reparaciones que contempla la normativa, cuando se producen lamentables sucesos en calles y carreteras del Ecuador.
La nueva reglamentación incluye artículos que contemplan sanciones para los peatones, con lo cual, al menos en teoría, comenzará a concretarse una nueva cultura ciudadana para la movilidad urbana en la necesidad de caminar hacia una sociedad donde el respeto mutuo sea el eje de la vida cotidiana.
El cambio que propone la Ley es profundo y, por tanto, en su consecución no solo deberán ser actores decisivos los ciudadanos, sino también los organismos estatales y la Policía Nacional. Estas entidades tienen el deber de diseñar políticas de comunicación y educación que se conviertan en intensas campañas, en
las cuales se privilegie el bienestar del humano y no se las aproveche, innecesariamente, para filtrar en ellas lemas gubernamentales o partidistas.
A las nuevas autoridades municipales de todo el país, que asumirán en agosto próximo, también les espera un fuerte trabajo: entre sus principales responsabilidades estará pensar alternativas coherentes y pragmáticas para que se vaya atenuando la presencia motorizada en el espacio público y este se convierta en un espacio realmente humano.