El Presidente ha dicho que el Gobierno impulsará nuevas reformas tributarias. Entre otros adelantos de las decisiones, que califica como “medidas para los ricos”, informó que se buscará modificar las exoneraciones en impuestos como el del Valor Agregado y a la renta, para que estas beneficien exclusivamente a la población más pobre.
Se trata de un objetivo macroeconómico claramente enmarcado en la filosofía de quienes manejan el Gobierno: la intención apunta, al menos en teoría, a una mejor redistribución de la riqueza y una mayor equidad en los ingresos y egresos de los ciudadanos.
Más allá de los conceptos, es importante que el Gobierno transparente sus políticas tributarias, sin necesidad de altisonancias ni amenazas. Cuando el Mandatario da un carácter retaliatorio a las medidas, es obvio que la declaración hace que, inmediatamente, reaparezcan en los inversionistas y empresarios los resquemores sobre la seguridad y conveniencia de impulsar proyectos, traer recursos y generar empleo.
Si bien el discurso oficial provoca aplausos, es importante que todos los ecuatorianos puedan conocer cuáles serán los alcances de medidas como el “taponamiento” de escudos fiscales (que sí pagan impuestos en el país), el incremento del control a los principales grupos económicos, la tributación obligatoria a las personas naturales sobre los dividendos.
Lo otro es una manera poco amigable de convocar a todos los ecuatorianos a ser actores de la vida económica del país. En lugar de generar diálogos y consensos donde todos puedan sentirse partícipes de un cambio que realmente beneficie a los sectores marginados, hay un proceso en el que es evidente la tendencia a la exclusión de los sectores no afines al régimen, lo cual resulta contraproducente.