La caída de Alfredo Stroessner el 3 de febrero de 1989 abrió la puerta a la democracia en Paraguay, pero 25 años después el país aún carga el pesado fardo del “stronismo”, en forma de un Estado débil y ahogado por la corrupción y el nepotismo, según los expertos.
Pese a los 425 muertos o desaparecidos y 20 000 presos políticos durante la dictadura, en Paraguay un 32% de la población preferiría un gobierno autoritario hoy en día, el porcentaje más alto de América Latina, según el último sondeo de Latinobarómetro.
Ese dato apunta en sí mismo a las fallas de su democracia, que comenzó con grandes expectativas pero que ha traído mejoras sociales con mucha lentitud. “Es una democracia de baja calidad”, asegura Fernando Masi, director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep).
La salida de Stroessner, que gobernó el país durante casi 35 años, acarreó réditos democráticos inmediatos. El militar, que convocó elecciones y las ganó, levantó el estado de sitio vigente desde 1954, reconoció a los partidos políticos, incluido el comunista, y proclamó el respeto a las libertades civiles.
Para Paraguay ese momento no fue la recuperación de la democracia, sino su construcción, porque antes de Stroessner tampoco existió un verdadero sistema democrático, según Masi. Al mismo tiempo, no hubo una ruptura radical con el pasado.
En el poder siguió el Partido Colorado, la misma agrupación que fue uno de los apoyos clave de Stroessner. “Es un caso único. El partido que sostuvo a la dictadura es el mismo partido que al día siguiente dijo, nosotros apoyamos la democracia”, explica Antonio Pecci, coordinador de la Mesa de la Memoria Histórica, una coalición de organizaciones de derechos humanos.
Y el partido continuó con las prácticas del régimen militar, un período en que por su aparente omnipotencia, el Estado paraguayo podría verse como fuerte, pero que en realidad, era muy débil, según los analistas.
Un cuarto de siglo después, el Estado sigue anémico, por su uso como “botín de guerra” por los políticos ganadores de las elecciones, como se puso de manifiesto a finales del año pasado, cuando las entidades públicas divulgaron por primera vez su lista de funcionarios, por presión de la prensa.
Quedó patente entonces que los políticos siguen empleando su influencia para colocar a familiares y allegados en instituciones públicas, donde llegan a recibir varios salarios, a veces sin hacer ningún trabajo.
La democracia también abrió grandes esperanzas de una mejora económica, especialmente de una reforma agraria que revirtiese el proceso de concentración y apropiación irregular de tierras por parte de personas con vínculos con su régimen, según Pecci.
Eso no ocurrió y Paraguay mantiene ahora la segunda mayor concentración de tierras en el mundo, ya que el 2,6% de los propietarios detenta el 85,5% de la superficie agraria, según la ONU.
El actual presidente Horacio Cartes declaró la guerra a la pobreza, que afecta casi al 60% de la población, de unos 6,5 millones de personas.
Cartes apuesta por fomentar la inversión extranjera como forma de dinamizar la economía, generar empleos e intentar distribuir mejor la riqueza, pero se ha encontrado con resistencias dentro de su propio partido. El Mandatario ha conseguido una progresiva reinserción internacional de su país y confía en el apoyo principalmente de Brasil, la potencia regional de la que depende mucho la economía paraguaya.
Un informe de la Comisión Verdad y Justicia, que investiga denuncias sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner, denuncia que “99 312 familiares o personas allegadas sufrieron algún perjuicio por las detenciones o privaciones de la libertad arbitrarias o ilegales y/o por las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.
La sangrienta dictadura de Stroessner dejó Más de 400 ciudadanos desaparecidos, miles de torturados y presos y secuelas que hasta hoy persisten en lo social, como la pobreza, la indigencia, la corrupción y la inseguridad.
En contexto
Un sondeo, realizado por la empresa Estudios de Opinión y divulgado ayer, revela que el 47,5% de los paraguayos opina que los gobiernos democráticos fueron malos. El mandatario con mayor aceptación es el exobispo católico Fernando Lugo (2008-2012).