Redacción Cuenca
Los 133 trabajadores del ex Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA) amenazan con una huelga de hambre. El pasado 30 de junio les terminaron la relación obrero-patronal y aún no reciben la liquidación.
Los problemas giran alrededor de la supuesta manipulación de información y de montos que recibirá cada obrero por despido intempestivo. El pasado 28 de mayo, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) les notificó la suspensión.
Pero siguieron laborando porque no les depositaron los montos contemplados en el Código del Trabajo y Mandatos. El pasado martes les llegó otra circular del cierre de la relación y de los roles.
Dos granjas productivas donde laboraban obreros serán administradas por personas contratadas por servicios ocasionales. El resto sigue activa, hasta ser traspasadas a las entidades públicas que califiquen como idóneas.
Entretanto, la incertidumbre se da porque desconocen los montos a recibir. Luis Mejía Cuzco, con 45 años de servicio es el más antiguo. Él espera recibir el monto máximo (USD 65 000) que establece el Contrato Colectivo y Código del Trabajo.
“133 familias hemos quedado sin trabajo y lo menos que pueden hacer es pagarnos una liquidación justa por despido intempestivo”, dice Kléber Moncayo, de 43 años de edad y 18 como mecánico de equipo caminero.
Su destino es incierto. Él tiene tres hijos que mantener en Macas (Morona Santiago). El pasado viernes llegó a Cuenca para tener información sobre sus beneficios, pero al igual que sus compañeros no tuvo respuesta de Senplades.
La subsecretaria Caridad Vázquez, dice que hay USD 7 millones para liquidaciones de trabajadores. No precisó cómo se hará porque espera indicaciones del Ministerio de Finanzas. Se conoce que aplicarán al menos tres mandatos el 17-01, el 02 y el 04.
Édgar Vintimilla, presidente del Sindicato de Obreros del ex CREA, señaló que el Estado tiene compromisos incumplidos al sindicato que tendrán que sumarse a la liquidación. “Si no cumple iremos a una huelga”.
Otro tema pendiente es el de los 160 empleados. Hasta diciembre se hará una encuesta para saber quiénes desean acogerse a la supresión de partidas o al traslado a otra entidad pública.
Entre ellos la incertidumbre es la misma que de los trabajadores. Según Teófilo Pacheco, han dicho que se acogerán a la liquidación si reciben USD 1 526 por año de servicio, de acuerdo al Mandato 2 que regula sueldos e indemnizaciones públicas.
En este sector, alrededor de 150 trabajadores tienen más de 20 años en el ex CREA. Y para el traspaso deberán analizar si organismos seccionales y ministerios están en capacidad de recibirlos con la respectiva partida presupuestaria.
Entre enero y diciembre, la Senplades deberá desmontar la entidad, resolver el destino de los bienes (subvalorados en USD 3.5 millones) y de las competencias (riego, desarrollo, planificación…)